27/6/2026 - Como si se tratara de un fenómeno meteorológico predecible, cada vez que el calendario electoral salvadoreño empieza a marcar la cuenta regresiva, el paisaje urbano se llena de un aroma particular: asfalto fresco y pintura acrílica. 

Las calles desatendidas durante años de repente se vuelven prioridad, los parques municipales reciben capas de pintura de última hora y los camiones de carga de las municipalidades parecen trabajar horas extras.

Este despliegue de «obras exprés», protagonizado tanto por alcaldes que buscan la reelección como por candidatos oficialistas y de oposición, abre el debate sobre una vieja práctica que la reconfiguración geopolítica del país no ha logrado erradicar: la instrumentalización de la obra pública como moneda de cambio por votos.

En municipios clave como San Salvador Centro o Santa Ana Centro, los planes de revitalización y los bacheos se han intensificado de manera acelerada. Si bien la recuperación de espacios públicos y la mejora de las calles son demandas históricas legítimas de la ciudadanía, la prisa con la que se ejecutan a las puertas de los comicios levanta serias sospechas de oportunismo.

La crítica principal de diversos sectores sociales no es que se hagan las obras, sino cuándo y cómo se hacen. Durante los primeros años de gestión, el clamor de las comunidades por cárcavas sin reparar, alumbrado deficiente o recolección de basura irregular suele toparse con la respuesta burocrática del «no hay presupuesto». Sin embargo, al acercarse la campaña, los recursos fluyen con una agilidad sorprendente.

"Pasamos tres años pidiendo que arreglaran la calle principal y nos decían que no le correspondía a la alcaldía. Ahora vienen a poner una capa delgada de asfalto y se toman fotos para las redes sociales", comenta un habitante de la periferia capitalina que prefirió el anonimato.

El modelo actual de propaganda política ha evolucionado; ya no se trata solo de regalar láminas o canastas básicas, sino de vender una estética de modernidad. El peligro de este enfoque es la superficialidad: se prioriza el impacto visual rápido (iluminación LED en plazas céntricas, logotipos coloridos y pintura en cordones de acera) sobre proyectos de infraestructura profunda, como sistemas de alcantarillado que prevengan las inundaciones crónicas del invierno en el Corredor Seco o la protección de zonas vulnerables.

La falta de transparencia en la asignación de estos contratos exprés y el uso de los canales oficiales de las municipalidades para promocionar figuras políticas específicas roza constantemente los límites de la legislación electoral. La delgada línea entre informar sobre una gestión pública y hacer proselitismo con dinero de los contribuyentes parece haberse borrado por completo.

Los estrategas políticos siguen apostando a que la memoria del votante es de corto plazo y que un bache tapado una semana antes de la elección puede borrar el descontento de años de abandono institucional. No obstante, el contexto económico actual —marcado por el alto costo de la vida y el endeudamiento local— obliga a la población a mirar más allá de la pintura fresca.

El verdadero desarrollo local no se mide por la cantidad de calles maquilladas en el último trimestre de una gestión, sino por la planificación sostenible y la transparencia en el uso de cada centavo público durante todo el periodo. Mientras las obras sigan respondiendo a los tiempos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no a las necesidades estructurales de la gente, la infraestructura en El Salvador seguirá siendo lo que siempre ha sido: el telón de fondo de una campaña publicitaria.