3/11/2026 - En el centro de Puerto Príncipe, los árboles se han tragado los edificios y las raíces brotan de cauces de basura plástica. Al amanecer, cientos de personas cruzan ese bosque urbano en fila india para llegar a lo que queda de las calles libres. Al anochecer regresan igual. Nadie va por ahí si no tiene otra opción.

Sobre ese paisaje, un hombre de 57 años, camisa clara y tono suave, se para en una azotea y explica por qué cree que su método funciona.

"Las insurgencias no se derrotan solo eliminando a los líderes", dijo Erik Prince a CNN el mes pasado. "Son criminales malvados y el mejor lugar para ellos es bajo tierra".

No es una frase nueva. Prince lleva casi treinta años diciéndola en distintos países, con distintas banderas y distintas facturas. La diferencia es que ahora la dice como contratista de un Estado que ya casi no existe.


Michigan, el pantano y una herencia

Erik Dean Prince nació el 6 de junio de 1969 en Holland, Michigan, el menor de cuatro hijos del ingeniero y empresario Edgar Prince y de Elsa Zwiep. Su hermana es Betsy DeVos, ex secretaria de Educación de Estados Unidos, y la familia figura entre las más ricas del país. Estudió tres semestres en la Academia Naval, la abandonó, se graduó en Economía en Hillsdale College en 1992 y ese mismo año se comisionó en la Marina.

Pasó por el entrenamiento BUD/S —clase 188— y sirvió como oficial en el SEAL Team 8. Entre sus destinos estuvo Haití, durante la intervención estadounidense de los noventa. No era la primera vez que el país caribeño aparecía en su biografía, pero sí la más inocua.

Tras la muerte de su padre en 1995 dejó la Armada y ayudó a vender la empresa familiar a Johnson Controls por 1.350 millones de dólares. En 1997 compró 6.000 acres en el pantano de Great Dismal, en Carolina del Norte, y fundó con su propio dinero una escuela de operaciones especiales. La llamó Blackwater, por el color del lodo.

Entre 1997 y 2010 Blackwater recibió unos 2.000 millones de dólares en contratos públicos; la CIA le adjudicó hasta 600 millones en trabajo clasificado. Prince se convirtió en el rostro de una idea simple y rentable: que la guerra podía subcontratarse.


Nisour Square

El 16 de septiembre de 2007, empleados de Blackwater abrieron fuego en una plaza concurrida de Bagdad. Murieron 17 civiles iraquíes y una veintena quedó herida. Tres guardias fueron condenados en 2014 y otro por homicidio en 2019; Donald Trump los indultó en diciembre de 2020.

Prince resistió cuatro años más y vendió la compañía en 2010. Se mudó a Abu Dhabi, donde el príncipe heredero lo contrató para armar una fuerza de 800 extranjeros, el germen de la empresa Reflex Responses. Desde entonces su carrera ha sido una sucesión de países en crisis: entrenó somalíes contra la piratería, intentó venderle a Khalifa Haftar un paquete de helicópteros y aviones por 80 millones de dólares —el "Proyecto Opus"—, y una investigación de la ONU concluyó que violó el embargo de armas libio. Nunca fue acusado penalmente.

En 2023 la ONU lo vinculó a un plan para desplegar más de dos mil mercenarios colombianos, mexicanos y argentinos en Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo. En febrero de 2026, Reuters reportó que envió hombres y drones para ayudar al ejército congolés a sostener la ciudad de Uvira. En marzo de 2025 apareció junto al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en una visita que los críticos locales llamaron "marketing político". También asesoró a la Casa Blanca sobre un plan de deportaciones masivas.

Su ideario lo resume él mismo: es libertario, católico practicante, admirador del libre mercado y, desde 2024, partidario de que Estados Unidos "se ponga otra vez el sombrero imperial". Dice que buena parte de África es incapaz de gobernarse.


El contrato

Haití lo contrató en marzo de 2025. Lo hizo un gobierno interino, sin licitación pública conocida, mientras las bandas cerraban el cerco sobre la capital. Su empresa se llama Vectus Global.

En agosto de ese año, en una entrevista exclusiva con Reuters, Prince confirmó un acuerdo de diez años: primero combatir a las pandillas, después rediseñar el sistema recaudatorio del país. Dijo que esperaba recuperar las carreteras principales en un año. "Una medida clave de éxito para mí será cuando puedas conducir de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano en un vehículo ligero sin que te detengan las bandas", declaró.

No dijo cuánto cobraría. Tampoco lo ha dicho después: a CNN le aseguró que su tarifa es "una fracción" del costo de la fallida Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y que equivale a "un sexto" de lo que costaba su campamento anual. La cifra real, estiman, está en decenas de millones de dólares.

El despliegue fue de casi 200 hombres —la AP habló de un acuerdo inicial de un año— provenientes de Estados Unidos, Europa y El Salvador, con francotiradores, especialistas en inteligencia y comunicaciones, helicópteros y lanchas. El Salvador aportó después contingentes militares regulares, hoy integrados a la Fuerza de Supresión de Pandillas de mandato de la ONU, que comenzó a operar en junio. Este martes, tropas salvadoreñas lanzaron su primera ofensiva terrestre en la llanura de Cul-de-Sac, contra las bandas Chen Mechan y 400 Mawozo, tras la desaparición de cuatro de sus técnicos de aviación el 18 de octubre.

El gobierno de Estados Unidos insiste en que no tiene nada que ver. "No estamos financiando este contrato ni ejerciendo supervisión", dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a Reuters.


Los drones

El aporte más visible de Prince a Haití es la guerra aérea barata. Según CNN, la fuerza de tarea que dirige ha lanzado más de 2.000 ataques con drones desde marzo de 2025. Un video muestra una máquina pequeña estrellándose contra un tanque de agua en un techo; el edificio arde después. La fuerza de tarea dice que era una fábrica de cócteles molotov de una banda.

El efecto sobre los pandilleros es real. "Los drones nos están sacando de la zona", admitió un miembro de banda identificado como Etienne en Bel Air. Un lugarteniente, Julio, fue más lejos: "La mayor amenaza es la fuerza de Erik Prince".

El costo humano también. La ONU contabiliza 85 civiles muertos por ataques de drones y los atribuye directamente a un "contratista militar privado". El caso más citado ocurrió en septiembre de 2025, cuando un explosivo cayó en el lugar equivocado durante la fiesta de cumpleaños de un jefe de banda: murieron al menos una docena de personas, entre ellas ocho niños.

Prince reconoce que los accidentes "no son imposibles" y asegura que su equipo vigila durante decenas de horas antes de cada golpe. A los críticos les dedica un desafío: "Los invito a caminar una semana por los barrios bravos de Puerto Príncipe y ver cuánto aguantan".


El negocio de la aduana

La segunda mitad del contrato es la que más inquieta a los haitianos. Haití recaudaba la mitad de sus impuestos en la frontera con República Dominicana, un comercio estimado en cerca de mil millones de dólares anuales. El control de las rutas por las bandas pulverizó esa fuente de ingresos.

Prince se queda con el 10% de los nuevos ingresos aduaneros que logre recuperar, según confirmó a CNN. La ONU documentó el esquema en su informe S/2025/642, del 14 de octubre de 2025, y advirtió sobre el traspaso de funciones esenciales del Estado a una empresa extranjera. También registró una incomodidad institucional: Fritz Alphonse Jean, entonces coordinador del Consejo Presidencial de Transición, comunicó que su equipo no había sido informado de la firma de un contrato sobre control fronterizo y recaudación.

En paralelo, el gobierno aprobó un contrato de 542,6 millones de dólares con Evergreen Trading System Limited, un consorcio británico-emiratí, para modernizar la vigilancia fronteriza. El informe final del Grupo de Expertos de la ONU, S/2026/714, del 8 de septiembre de 2026, concluye que la respuesta de seguridad haitiana está fragmentada y depende a la vez de un contratista privado extranjero y de la fuerza de la ONU.


Los resultados

Dieciocho meses después de las promesas, el corredor entre Cabo Haitiano y la capital sigue estrangulado por retenes de bandas. Los vuelos internacionales a Puerto Príncipe están suspendidos por riesgo de disparos. Las elecciones previstas para diciembre fueron postergadas sin fecha.

La ONU sí reconoce un efecto: las operaciones "han contribuido a detener la expansión de las pandillas en Puerto Príncipe y a despejar algunas zonas del centro". Pero de las 5.700 personas muertas o heridas en 2026, más de la mitad cayeron en operaciones de seguridad, según el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk.

Para la abogada Rosy Auguste Ducena, los contratistas son, hasta ahora, "inútiles". "No los vemos. Sabemos que son carísimos porque los pagamos con nuestros impuestos y no vemos resultados", dijo a CNN.

Hay 1,5 millones de desplazados internos —una décima parte de la población— y la UNICEF calcula que entre el 30% y el 50% de los miembros de bandas ya son menores de edad.

En Kenscoff, donde una banda masacró a 47 personas este verano, la policía y los extranjeros recuperaron el terreno y los vecinos quemaron las barricadas. Aun así nadie ha vuelto. "Me quedé sin nada", dice Luckson Alfrezin desde un campamento. "Es como un carro sin luces: vives pero no ves por qué. Ya estás muerto".

Prince, entretanto, ya vende el caso haitiano como modelo replicable en otros Estados fallidos. Es su negocio: convertir el colapso ajeno en contrato. Y Haití, que fue el primer país libre de América, es hoy su escaparate más grande.


Cronología

1997: funda Blackwater.

2007: matanza de Nisour Square, Irak (17 civiles).

2010: vende la empresa; se instala en Abu Dhabi.

2023: la ONU lo vincula a un plan de 2.000 mercenarios en el Congo.

Marzo 2025: Vectus Global empieza a operar en Haití con drones.

Agosto 2025: confirma a Reuters un contrato de 10 años y el cobro sobre aduanas.

Enero 2026: las autoridades haitianas admiten su participación en un operativo contra "Barbecue".

Septiembre 2026: la ONU registra 85 civiles muertos por drones y un despliegue estatal fragmentado.

Octubre 2026: CNN accede a una operación en Bois d'Avril.