23/6/2026 - La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló ayer una trascendental reforma al Presupuesto General 2026 para incorporar y distribuir un millonario remanente de $118 millones de dólares (del cual se desprenden millonarias partidas específicas). Estos fondos, provenientes de una recaudación fiscal superior a la prevista en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta, serán inyectados directamente a siete instituciones del Estado.
Sin embargo, la celeridad del aval y el destino de ciertos montos reavivan el debate sobre la transparencia y las verdaderas prioridades de la gestión pública.
De acuerdo con lo dictaminado por la comisión oficialista, el excedente tributario busca saldar compromisos operativos e institucionales en lo que resta del ejercicio fiscal. Entre las asignaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda.
Para el caso, la Presidencia de la República recibirá una cuantiosa inyección de $16 millones de dólares destinados supuestamente a "programas estratégicos y operatividad de secretarías".
Al Ministerio de Cultura se le asignan $6 millones de dólares con el fin de renovar equipos de producción, adquirir juguetes para la primera infancia y financiar el mantenimiento y la "aromatización" de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).
El cuestionado INDES: Obtendrá $2 millones de dólares para asegurar la participación de atletas en eventos nacionales.
La incorporación de recursos adicionales a mitad de año a través de reformas exprés se ha convertido en una constante en el tintero legislativo salvadoreño. Si bien la narrativa oficial celebra el aumento en la recaudación como un síntoma de robustez económica, desde una perspectiva crítica saltan a la vista varias alarmas sobre la eficiencia del gasto.
Al arrancar el año, el discurso oficial sostuvo de manera tajante que el Presupuesto 2026 era completamente balanceado y con "cero brecha". No obstante, la necesidad de transferir $16 millones adicionales a la Presidencia de la República para su mera "operatividad" expone una evidente falta de planificación o, peor aún, una subestimación deliberada de los gastos gubernamentales centrales para maquillar las proyecciones iniciales.
En un contexto donde la población resiente el alto costo de la vida y el sistema de salud pública lidia con persistentes desabastecimientos, la asignación de porciones de los $6 millones de Cultura para conceptos como la "aromatización" y mantenimiento estético de la BINAES resulta, por decir lo menos, frívola. Mientras el gasto se vuelca en la fachada de la infraestructura hiperconectada, la inversión en el desarrollo integral sostenible sigue quedando en segundo plano.
La reforma avanzó por la Comisión de Hacienda sin un proceso real de auditoría interna ni interpelaciones profundas hacia los delegados del fisco. La falta de un desglose detallado de qué se considera un "programa estratégico" dentro de la Presidencia de la República abre una ventana peligrosa a la discrecionalidad y al uso político de los fondos públicos.
Un cheque en blanco envuelto en retórica
El ciudadano salvadoreño promedio financia estos excedentes cada vez que paga el 13% de IVA en la canasta básica o cuando se le retiene su Impuesto sobre la Renta. Que el retorno de ese esfuerzo fiscal termine diluido en los despachos de Casa Presidencial o en el ornato de edificios emblemáticos, en lugar de traducirse en un alivio económico directo o en el fortalecimiento de la microeconomía nacional, es la mayor contradicción de esta reforma.
La Asamblea Legislativa ha vuelto a funcionar como una oficina de tramitología del Órgano Ejecutivo, estampando su firma sobre $118 millones de dólares sin exigir la rendición de cuentas que una democracia saludable demanda.
