17/7/2026 - Mientras el discurso oficial del Gobierno salvadoreño pregona con orgullo la "soberanía absoluta" y la independencia ante la injerencia extranjera, los registros financieros en los Estados Unidos revelan una realidad mucho más transaccional. Detrás de las cámaras de televisión y los selfis con la élite política norteamericana se encuentra la figura de Damián Matías Merlo Debernardi, el cabildero de origen argentino que se ha convertido en el arquitecto de las relaciones públicas del bukelismo en Washington.
La relación entre Merlo y Nayib Bukele no es nueva; se remonta a los primeros viajes de Bukele a EE. UU. como presidente electo en 2019. Sin embargo, a medida que el régimen salvadoreño consolidó su control interno y enfrentó duras críticas internacionales por abusos a los derechos humanos y el desmontaje de la separación de poderes, la dependencia hacia Merlo pasó de la asesoría estratégica a una costosa operación de contención de daños y validación política.
La ruta de los fondos: Más de $2.2 millones bajo la lupa
La opacidad ha sido el sello distintivo en el financiamiento de estas operaciones. De acuerdo con las declaraciones obligatorias exigidas por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia de EE. UU., los pagos consignados a las firmas vinculadas a Merlo (Invest El Salvador Inc. y Latin America Advisory Group) superan los $2.26 millones de dólares.
Los contratos de Merlo han estipulado históricamente honorarios de entre $65,000 y $75,000 dólares mensuales. Durante el año 2024, el Gobierno salvadoreño desembolsó $910,000 dólares en apenas seis meses. ¿El objetivo? Intermediar y abrir puertas con figuras clave de la extrema derecha estadounidense y el movimiento Make America Great Again (MAGA), facilitando encuentros y entrevistas con personajes influyentes como Tucker Carlson.
El truco de la energía: El giro hacia el financiamiento secreto
El aspecto más crítico e inquietante de esta relación ha salido a la luz mediante recientes investigaciones periodísticas que desnudaron la estrategia para evadir la contraloría social en El Salvador.Ante el constante escrutinio público, el Gobierno modificó la ruta del dinero. En lugar de utilizar fondos directos de la Casa Presidencial (cuya exposición generaba críticas constantes en una economía asfixiada), parte del financiamiento del lobby pasó a ser canalizado a través de CLEA, una empresa subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Al operar bajo el entramado de una empresa estatal de energía, dichos contratos quedan excluidos de las leyes de acceso a la información pública locales. De este modo, los ciudadanos salvadoreños terminan pagando de sus recibos o recursos energéticos las facturas de los estrategas de imagen en Washington, en un mecanismo de absoluta opacidad.
Diplomacia de pasillo vs. Realidad nacional
Críticos y analistas internacionales señalan que esta millonaria inversión no busca mejorar las relaciones bilaterales institucionales de beneficio para los salvadoreños en el exterior, sino blindar la imagen individual del mandatario.
Mientras el país sufre por el alto costo de la vida y el severo endeudamiento público, el dinero estatal fluye sin restricciones hacia las firmas de cabildeo estadounidenses.
La paradoja es evidente: el nacionalismo de tarima que rechaza la mirada internacional se sostiene, irónicamente, gracias a millones de dólares entregados a un lobista extranjero para que le consiga a Bukele una palmadita en la espalda en Washington.
Además de Merlo, la administración de Bukele ha recurrido históricamente a firmas pesadas en Washington para intentar suavizar las tensiones con los distintos gobiernos de EE. UU.
Thomas Shannon Jr.: Exdiplomático de carrera de muy alto rango en el Departamento de Estado de EE. UU., quien trabajó a través de la firma Arnold & Porter realizando gestiones y asesorías relacionadas con el gobierno salvadoreño.
Investigaciones en medios norteamericanos también han apuntado al rol de Ronald Johnson (exembajador de Donald Trump en El Salvador), quien tras su salida del cargo mantuvo una relación sumamente cercana con Bukele, defendiendo las narrativas del mandatario salvadoreño ante círculos políticos en Washington.
El objetivo central de todo este aparato de cabildeo ha sido doble: por un lado, contrarrestar las críticas del Congreso estadounidense en temas de derechos humanos o institucionalidad y, por el otro, posicionar la narrativa del gobierno de El Salvador como un aliado clave en temas de seguridad y migración en la capital estadounidense.
