12/7/2026 - Informes presentados por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos detallan el impacto humanitario del régimen de excepción en El Salvador, una medida constitucional implementada desde marzo de 2022 y prorrogada en más de 50 ocasiones como parte de la estrategia de seguridad pública del gobierno.  

De acuerdo con el último balance documentado y publicado por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la cifra de personas que han perdido la vida bajo la custodia del Estado en los diferentes recintos penitenciarios del país ya asciende a al menos 544 personas. 

Las estimaciones de las redes de apoyo legal y colectivos de víctimas advierten que el número real de decesos en la opacidad del sistema penitenciario superan los mil casos, debido al temor generalizado a sufrir represalias que inhibe la denuncia por parte de los familiares.

Las investigaciones de los expedientes individuales recopilados por el SJH sostienen que el 94% de las personas que murieron en prisión no presentaban perfil ni filiación con estructuras de pandillas, tratándose en su mayoría de civiles que desempeñaban labores como comerciantes, sindicalistas, líderes comunitarios o religiosos.

El reporte médico y legal fragmentado expone patrones críticos: alrededor de un tercio (31.8%) de las muertes documentadas presenta signos explícitos de violencia física o presuntas torturas. Otro tercio responde a fallas orgánicas derivadas de la negligencia médica y la falta de suministro de medicamentos para condiciones crónicas o terminales.

La organización denunció que en múltiples ocasiones las muertes ocurrieron sin notificación oportuna a las familias, y varios de los cuerpos fueron sepultados en fosas comunes antes de que sus parientes supieran del fallecimiento.


Contexto legal y denuncias de detenciones arbitrarias

A la fecha, el régimen de excepción ha resultado en el encarcelamiento de más de 90,000 personas, una cifra que representa aproximadamente el 1.5% de la población total del país, generando niveles severos de hacinamiento en cárceles como el Centro Penal de Izalco y el Centro Penal La Esperanza ("Mariona").

Las agrupaciones defensoras de derechos humanos reportan más de 6,800 denuncias de violaciones a garantías fundamentales, en las que el 98% corresponde a capturas declaradas administrativamente como presuntas detenciones arbitrarias, motivadas por el cumplimiento de cuotas de arresto impuestas a los cuerpos de seguridad nacional. 

Las organizaciones señalan que estas personas fallecen sin haber tenido acceso a un debido proceso, ya que la gran mayoría de las víctimas perdió la vida antes de llegar a la fase de juicio o de contar con una segunda audiencia que permitiera evaluar su inocencia.

Demanda internacional: Ante lo que describen como una posible violación sistemática a los derechos humanos y un patrón de impunidad estatal, colectivos civiles como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y el propio SJH han comenzado a elevar expedientes hacia organismos internacionales, solicitando la aplicación de protocolos estrictos de investigación (como el Protocolo de Minnesota) para determinar responsabilidades penales en los decesos.