25/8/2026 - Las declaraciones del politólogo Óscar Martínez Peñate durante el programa televisivo Pulso Ciudadano reabren una alarmante discusión sobre el uso de la retórica política para desactivar la rendición de cuentas en El Salvador.
Sostener que señalar actos de corrupción dentro del gobierno de Nayib Bukele equivale a una estrategia encubierta para "estar a favor de la delincuencia" representa una peligrosa falacia de falso dilema que atenta contra los principios básicos de la democracia.
Al vincular directamente la crítica hacia la gestión pública con el amparo a grupos criminales, el discurso de Martínez Peñate busca polarizar la discusión pública a un nivel donde el cuestionamiento ciudadano se vuelve inaceptable.
Esta narrativa cumple una función clara:
Blindaje al poder: Desvía el foco de atención sobre el uso de fondos públicos y la transparencia institucional.
Estigmatización de la crítica: Criminaliza simbólicamente a periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos que ejercen la contraloría social.
Personificación del Estado: Asume que la integridad institucional reside exclusivamente en la figura del mandatario, desplazando la responsabilidad institucional hacia un cheque en blanco basado en la confianza personal.
Esta lógica divide el panorama político en dos únicos bandos: quienes apoyan incuestionablemente al régimen y quienes, por el simple hecho de fiscalizarlo, quedan catalogados como "aliados del crimen".
La fiscalización no es "sabotaje", es un derecho
Erradicar la corrupción requiere que la denuncia sea entendida no como un ataque al Estado, sino como la principal herramienta institucional para protegerlo. Argumentar que la denuncia pública deslegitima a las instituciones invisibiliza una realidad clave: la corrupción no expone a la institucionalidad; es la opacidad y la falta de sanción lo que termina destruyéndola.
Exigir transparencia, auditar contratos estatales y denunciar irregularidades no significa alinearse con la delincuencia. Al contrario, limitar el escrutinio público bajo la excusa de la seguridad debilita los mismos contrapesos que evitan que el poder se ejerza al margen de la ley.
