14/8/2026 - Remberto Ismael Colindres Rajo no es un nombre que figure en los discursos triunfalistas del gobierno. Conocido en el inframundo criminal como "Little Man", este líder de la pandilla Barrio 18 se convirtió en un incómodo testigo del modus operandi del poder bukelista cuando aún se negociaba con las maras. Su captura en Tapachula, Chiapas, y subsiguiente deportación en agosto de 2026, no es casualidad: es el cierre de un círculo que comenzó cuando decidió hablar ante las cámaras de El Faro.
Lo que "Little Man" reveló no son meras anécdotas de corrupción política. Son los planos de una maquinaria de control social que operó en las sombras entre 2019 y 2022, cuando el gobierno de Nayib Bukele —hoy presentado como el enemigo mortal de las pandillas— construía su poder sobre acuerdos explícitos con esas mismas organizaciones criminales.
La tregua selectiva: Extorsión para los ricos, paz para los pobres
La revelación más contundente de Colindres Rajo desmantela el mito de que el gobierno simplemente "negoció la paz". Según su testimonio, "el acuerdo incluía una cláusula de discriminación de clase que resulta reveladora de las prioridades del régimen": las extorsiones al "estrato pobre" debían detenerse, pero contra las empresas grandes —las que tienen capacidad de presionar políticamente— continuaron impunes.
Esta división no es trivial. Expone que la "tregua" no buscaba erradicar la violencia, sino redirigla y administrarla. El gobierno necesitaba estadísticas de homicidios en picada para vender su éxito internacional, y las pandillas necesitaban continuar operando. La solución fue geográfica y de clase: la violencia se desplazó de los barrios populares —donde generaba inestabilidad política— hacia el sector empresarial, donde se convertía en un costo de hacer negocios que el gobierno podía ignorar o negociar separadamente.
"El mensaje era claro: la seguridad se convirtió en un bien de consumo diferenciado". Los pobres debían sentirse protegidos para votar por Bukele; los empresarios debían seguir pagando su "impuesto de guerra" a las maras mientras el presidente construía su imagen de salvador.
Carlos Marroquín: El hombre de la sombra
El testimonio de "Little Man" identifica a Carlos Marroquín como el enlace operativo entre la Presidencia y las pandillas. No es un nombre nuevo en las investigaciones sobre la tregua: el funcionario ya había aparecido en grabaciones y documentos judiciales como el operador de los acuerdos secretos. Pero la confirmación de un líder pandillero de su rol central —con "visto bueno" presidencial— dificulta las negaciones oficiales.
Según Colindres, Marroquín no solo negociaba treguas; coordinaba la aplicación de "medidas extremas" contra quienes desobedecían las reglas de la pandemia de COVID-19. Esta revelación es particularmente grave porque muestra la fusión entre el aparato estatal y las estructuras criminales en la implementación de políticas públicas. Las pandillas no eran simples espectadoras del estado de excepción sanitario; eran actores armados que aplicaban violencia extrajudicial con la aquiescencia del gobierno.
La pregunta que emerge es inquietante: ¿cuántas "medidas extremas" aplicadas durante la pandemia fueron en realidad operativos conjuntos entre policía y pandillas? ¿Cuántos salvadoreños fueron víctimas de un sistema híbrido donde el Estado y el crimen organizado se confundían?
El precio del silencio: De fuente a prisionero deportado
La historia de "Little Man" tiene un epílogo que revela más que su propio testimonio. Según el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, El Faro le ofreció "asilo y tranquilidad en México" a cambio de su participación en el documental. El gobierno presenta esto como evidencia de una conspiración periodística; la lectura más plausible es que se trataba de protección a una fuente que sabía demasiado.
Que Colindres haya terminado capturado en Tapachula, con ficha roja internacional y acusaciones de planear atentados contra Bukele, plantea interrogantes incómodos. ¿Por qué un colaborador del gobierno —que según el relato oficial había pactado con la administración— termina conspirando contra ella? La respuesta más probable es que la "tregua" siempre fue un equilibrio inestable, y que cuando el gobierno decidió romper los acuerdos para lanzar su ofensiva carcelaria en 2022, los antiguos aliados se convirtieron en estorbos que debían ser criminalizados o eliminados.
La acusación de planear atentados contra el presidente, que ahora pesa sobre "Little Man", funciona como un sello de conveniencia política. Los pandilleros que hablan son terroristas; los que callan y cooperan son "rehabilitados". La línea entre colaborador y enemigo público número uno se dibuja no por los actos, sino por la utilidad política del momento.
El Faro como blanco: La guerra contra el testigo
La reacción del gobierno ante las revelaciones de "Little Man" no ha sido investigar sus denuncias, sino criminalizar al mensajero. El Faro ha sido acusado de "ofrecer asilo" a delincuentes, de conspirar contra el Estado, de ser "pseudo periodistas". Esta estrategia de deslegitimación sistemática cumple una función clara: evitar que el público examine el contenido de las revelaciones para concentrarse en la supuesta mala fe de quienes las publican.
Pero los detalles proporcionados por Colindres Rajo —la división de clases en la extorsión, el rol de Marroquín, la coordinación en la aplicación de medidas punitivas— son verificables. No son afirmaciones vagas sobre "pactos", sino descripciones operativas de una maquinaria de poder que utilizó a las pandillas como brazo armado de la política oficial.
El gobierno no ha desmentido específicamente estas afirmaciones; solo ha descalificado a quien las hizo. Esa omisión es elocuente.
La democracia como rehén
Las revelaciones de "Little Man" deben leerse en su contexto más amplio. No son la historia de un pandillero arrepentido, sino el testimonio de un operador que conoce los entresijos del poder porque estuvo en su centro. Lo que describe no es una tregua en el sentido tradicional —una suspensión de hostilidades— sino una reorganización del territorio y la violencia que benefició a ambas partes.
El problema no es que Bukele haya negociado con las pandillas. El problema es que construyó su popularidad mintiendo sobre esas negociaciones, que transformó a antiguos socios en enemigos públicos cuando ya no eran necesarios, y que utiliza la seguridad como moneda de cambio político mientras mantiene a miles de salvadoreños inocentes encarcelados para limpiar estadísticas.
Remberto Ismael Colindres Rajo está de vuelta en El Salvador, presumiblemente enfrentando la justicia. Pero la justicia que debería preocuparnos no es la suya, sino la de un sistema político que utilizó el crimen organizado para llegar al poder y ahora pretende que nunca existió esa relación.
Su testimonio, incómodo y contaminado por su origen, sigue siendo una de las pocas ventanas que tenemos hacia una verdad que el gobierno intentó enterrar bajo toneladas de propaganda y cemento carcelario.
