5/9/2026 - El gobierno de Nayib Bukele ha convertido la compra de bitcoin en una operación de sombras. Lo que comenzó en 2021 como un experimento audaz —hacer de El Salvador el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal— ha degenerado en un ejercicio sistemático de opacidad financiera que pone en jaque los principios más básicos de transparencia democrática.
Compras fantasma
Durante años, el mandatario salvadoreño anunció sus adquisiciones de bitcoin a través de Twitter, a menudo desde su teléfono móvil, en tono desafiante y casi burlón. "Probablemente el único jefe de estado en el mundo que utiliza fondos públicos para comerciar Bitcoin con su teléfono", lo describió Bloomberg. Pero detrás de los memes y la retórica populista, una realidad inquietante: nadie sabía exactamente cuánto dinero público se estaba gastando, a qué precio se compraba, ni quién manejaba las operaciones.
La administración Bukele se ha caracterizado por un "sistemático ocultamiento de la información pública y la negación a la rendición de cuentas", señalan especialistas consultados por medios locales. Hasta la fecha, no existe un registro oficial detallado de las transacciones, los costos, ni las ganancias o pérdidas reales de esta aventura cripto.
El engaño al FMI
La situación alcanzó su punto más crítico en 2025. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que El Salvador había dejado de comprar bitcoin con fondos públicos desde febrero de ese año, pero mantuvo la fachada en redes sociales como si nada hubiera cambiado. El gobierno le dijo en privado al FMI que detendría las compras, mientras Bukele y la Oficina Nacional de Bitcoin seguían publicando en redes sociales como si la estrategia "1 BTC por día" continuara.
Este doble discurso no es casualidad. Forma parte de un patrón: cuando el acuerdo de 1,400 millones de dólares con el FMI exigió transparencia, el gobierno encontró una salida creativa —y sospechosa—: etiquetar las nuevas adquisiciones como "donaciones privadas". Así, el origen de los fondos se vuelve "jurídicamente inexpugnable" ante los ojos del FMI, pero igualmente opaco para los ciudadanos salvadoreños.
Una billetera en venta, una confianza perdida
La billetera digital Chivo, símbolo del proyecto bitcoinero, está en proceso de venta a un operador privado. El FMI exige su desmantelamiento progresivo hasta julio de 2025, reconociendo tácitamente el fracaso de la iniciativa estatal. Mientras tanto, el 71% de la población salvadoreña cree que la implementación de la Ley Bitcoin "no ha tenido ningún beneficio a su economía", según la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Los salvadoreños nunca pidieron esta apuesta. Fueron arrastrados a ella por un presidente que confunde la comunicación viral con la gobernanza responsable. Cuando se le cuestiona, Bukele responde con desdén: ha sugerido que compra bitcoin "desde su teléfono mientras está en el baño", como si el manejo irresponsable del erario público fuera motivo de orgullo.
Más allá del bitcoin
El problema no es solo la criptomoneda. Es el precedente. Si un gobierno puede gastar millones en activos volátiles sin rendir cuentas, ¿qué otra opacidad esconde? La Fundación Cristosal ha interpuesto demandas legales precisamente por esta "falta de transparencia en los procedimientos". Pero en un contexto de concentración del poder y debilitamiento institucional, esas demandas enfrentan vientos contrarios.
El Salvador ha pasado de ser "el país del bitcoin" a ser el país que no puede explicar qué hizo con el dinero que invirtió en él. Y mientras Bukele sigue prometiendo que "no se detendrá", los ciudadanos siguen sin saber cuánto les costó —y costará— esta obsesión presidencial.
En democracia, el dinero público no es propiedad privada. Ni siquiera cuando se gana.
