24/9/2026 - Hace exactamente un año, el 23 de septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 67/2025, otorgando medidas cautelares a favor del abogado constitucionalista salvadoreño Salvador Enrique Anaya Barraza. La Comisión, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advirtió entonces que Anaya enfrentaba un "riesgo de daño irreparable" a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
Doce meses después, el gobierno de Nayib Bukele no solo ha ignorado estas medidas de protección internacional, sino que mantiene al jurista en condiciones que organismos de derechos humanos califican como tortura psicológica y aislamiento prolongado.
¿Qué ordenó la CIDH?
La resolución de la CIDH fue explícita y contundente. El Estado salvadoreño debía:
Cesar inmediatamente la situación de incomunicación prolongada
Garantizar el contacto regular con familiares y abogados defensores
Proporcionar tratamiento médico oportuno y adecuado (Anaya padece una enfermedad que requiere atención especializada)
Revisar la continuidad de la prisión preventiva, considerando medidas alternativas a la detención
Poner fin de inmediato al prolongado aislamiento en que se mantiene al abogado
Ninguna de estas órdenes ha sido cumplida.
El contexto: criminalización de la disidencia
Enrique Anaya fue detenido el 7 de junio de 2025, acusado de lavado de activos en un proceso penal que, al igual que el de su colega Ruth López (detenida el 18 de mayo de 2025), se mantiene bajo reserva absoluta. Ambos abogados habían ejercido su legítimo derecho a la crítica política: Anaya fue uno de los juristas que solicitó, sin éxito, al Tribunal Supremo Electoral que no inscribiera la candidatura de Bukele argumentando inconstitucionalidad.
La detención de Anaya y López no es aislada. Forma parte de un patrón documentado por Amnistía Internacional, que ha denunciado que el sistema penal salvadoreño se utiliza "como arma para castigar a quienes defienden derechos humanos" bajo el paraguas del régimen de excepción.
El incumplimiento sistemático
A septiembre de 2026, diversas organizaciones internacionales —incluyendo Cristosal y Lawyers for Lawyers— han documentado que el gobierno de El Salvador se niega a revisar la detención provisional de ambos abogados, pese a que la CIDH ordenó específicamente evaluar la necesidad de mantener la prisión preventiva a la luz de estándares internacionales.
La Relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados ha señalado públicamente que "El Salvador sigue sin implementar" las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Este desacato no es un mero incidente diplomático: representa una violación grave de obligaciones internacionales asumidas por El Salvador al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptar la competencia de la Corte Interamericana.
Las consecuencias humanas
Más allá del incumplimiento jurídico, hay un costo humano inmediato. Enrique Anaya permanece aislado, sin el contacto regular que la CIDH ordenó preservar, y sin acceso adecuado al tratamiento médico que su condición de salud requiere. El aislamiento prolongado, según el Comité contra la Tortura de la ONU, constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante.
Ruth López, por su parte, acumula más de 400 días de detención en similares condiciones de incomunicación. Ambos casos ilustran una estrategia de hostigamiento judicial contra voces críticas que el gobierno de Bukele ha convertido en política de Estado.
Un precedente peligroso
El silencio ante el incumplimiento de las medidas cautelares para Anaya y López establece un precedente regional alarmante. Si un Estado miembro de la OEA puede ignorar impunemente resoluciones de la CIDH durante un año completo, sin consecuencias diplomáticas ni políticas significativas, el sistema interamericano de protección de derechos humanos queda deslegitimado.
La comunidad internacional —en particular, los Estados miembros de la OEA y la Corte Interamericana— enfrenta la prueba de si sus mecanismos de protección son más que letra muerta cuando un gobierno decide que la seguridad de su población (o la popularidad de su líder) justifica violar cualquier límite institucional.
Un año después de que la CIDH intentara salvar la vida y la integridad de Enrique Anaya, el gobierno salvadoreño ha demostrado que no reconoce autoridad alguna superior a su voluntad política. Las medidas cautelares, diseñadas para proteger de daños irreparables, han sido convertidas en un monumento al cinismo institucional: existen en el papel, pero no en la realidad de las cárceles salvadoreñas.
La pregunta que queda no es si El Salvador cumplirá finalmente —ya ha respondido con un año de silencio—, sino si el sistema interamericano tiene los mecanismos, o la voluntad política, para hacer cumplir sus propias decisiones cuando un Estado decide que no le aplican.
Enrique Anaya sigue preso. Las medidas cautelares siguen incumplidas. Y la impunidad sigue reinando.
