7/9/2026 - Lo que durante años fue vendido como el proyecto estrella de la "inclusión financiera" y la revolución cripto de El Salvador esconde un secreto incómodo: la billetera Chivo ya no es mayoritariamente del Estado. En un giro que pocos anticipaban, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de confirmar que la propiedad y el control operativo de la plataforma fueron transferidos a un operador privado, dejando al Gobierno de Nayib Bukele con una participación minoritaria que no alcanza para garantizar transparencia ni control público sobre uno de los activos digitales más sensibles del país.

La revelación, contenida en los documentos de la primera revisión del programa financiero con el FMI, deja más interrogantes que certezas y expone la profundidad de la opacidad que ha caracterizado la gestión del bitcoin en El Salvador desde su adopción como moneda de curso legal en 2021.


La venta que nadie anunció

Según el propio FMI, "la propiedad mayoritaria y el control operativo de Chivo fueron transferidos a un operador privado". La frase, redactada con la frialdad técnica propia de los organismos multilaterales, esconde una operación de envergadura que nunca fue anunciada públicamente por el Gobierno salvadoreño.

Lo que el FMI no dice es tan revelador como lo que dice: el documento omite identificar al misterioso operador privado, no detalla el precio de venta de la mayoría accionaria, ni explica bajo qué condiciones se realizó la transferencia. Tampoco aclara cuándo ocurrió exactamente ni quién autorizó la operación.

El silencio institucional contrasta con el discurso oficial de los últimos años, donde Chivo fue presentada como una herramienta soberana de empoderamiento ciudadano. La pregunta obligada es inevitable: ¿por qué un gobierno que se jacta de su "independencia" y soberanía decidió ceder el control de una infraestructura financiera estratégica sin informar a la población?


El Gobierno, ahora accionista minoritario

Con la transferencia, el Estado salvadoreño pasó a convertirse en socio minoritario de su propia creación. Según el FMI, el Gobierno conserva una participación residual —cuyo porcentaje exacto tampoco se revela— y mantiene la responsabilidad de custodiar los activos de los clientes que usan la plataforma.

Esta dualidad es particularmente preocupante: el Estado sigue siendo garante de los fondos de los usuarios, pero ya no controla la operación del sistema que los administra. Es como si un banco central vendiera su sala de operaciones pero siguiera firmando como responsable de los depósitos.


"Donaciones privadas": el nuevo origen de las reservas

Otra revelación que genera más sospechas que alivio: el FMI asegura que los bitcoins acumulados desde el inicio del programa de revisión provienen de "donaciones privadas" y no de compras realizadas con fondos públicos.

El dato, lejos de transparentar la situación, abre una caja de Pandora: ¿quiénes son los donantes? ¿Cuánto BTC recibió el Gobierno? ¿Existen contrapartidas o compromisos asociados a estas donaciones? ¿Por qué un gobierno que presume de "comprar el dip" ahora depende de la caridad cripto para aumentar sus reservas?

El propio FMI cierra la puerta a futuras acumulaciones: señala que no se prevén nuevas compras de Bitcoin con recursos públicos, limitando cualquier aumento de las reservas a las donaciones documentadas que puedan llegar.


La transparencia, pendiente de siempre

El organismo internacional reconoce de manera casi incidental que persisten "esfuerzos para mejorar la transparencia sobre las tenencias de Bitcoin en las distintas billeteras". La frase, diplomática en su formulación, es demoledora en su sustancia: a cuatro años de haber adoptado el Bitcoin como moneda legal, El Salvador sigue sin poder presentar un inventario claro, único y auditado de sus reservas de criptomonedas.

¿Dónde están exactamente los bitcoins del Estado? ¿En cuántas billeteras se encuentran dispersos? ¿Quién tiene las llaves privadas? ¿Existe un registro público y verificable? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta oficial.


Las preguntas que el FMI no respondió (y el Gobierno tampoco)

El comunicado del Fondo deja al descubierto una serie de vacíos informativos que deberían preocupar a cualquier ciudadano salvadoreño:

¿Quién es el operador privado que ahora controla Chivo? Una empresa nacional, internacional, un consorcio, un fondo de inversión cripto —la identidad permanece en el anonimato.

¿A qué precio y bajo qué condiciones se realizó la transferencia? ¿Hubo una valuación independiente? ¿Se pagó en efectivo, en acciones, en bitcoins?

¿Qué porcentaje conserva exactamente el Estado? ¿Tiene derecho a veto en decisiones estratégicas? ¿Puede recuperar el control?

¿Quiénes donaron los bitcoins y cuánto fue donado? La procedencia de fondos en criptomonedas es especialmente sensible dado el anonimato que pueden proporcionar.

¿Dónde están todas las reservas de Bitcoin del Estado? La dispersión de activos en múltiples billeteras sin auditoría pública es un riesgo de seguridad y de gobernanza.

¿Existe un inventario único, público y auditado? La respuesta, al día de hoy, parece ser negativa.


El Salvador vendió al mundo la idea de que adoptar el bitcoin como moneda legal era un acto de soberanía financiera, un paso hacia la independencia de los organismos multilaterales y los sistemas tradicionales. La realidad que ahora revela el FMI pinta un cuadro distinto: una infraestructura estratégica transferida a privados de identidad desconocida, reservas de dudosa procedencia, y un Estado que conserva la responsabilidad legal pero no el control operativo.

El "experimento bitcoin" salvadoreño no solo no ha cumplido sus promesas de inclusión financiera masiva —datos oficiales muestran un uso marginal de Chivo— sino que ahora se revela como una operación de opacidad creciente donde lo público se diluye en beneficio de intereses privados no identificados.

Mientras tanto, el Gobierno de Bukele sigue publicando fotos de sus "compras" de bitcoin en redes sociales, como si nada hubiera cambiado. Pero los documentos del FMI son claros: lo que alguna vez fue presentado como la gran apuesta soberana por el futuro digital de El Salvador, hoy es —mayoritariamente — propiedad privada. Y nadie, ni en San Salvador ni en Washington, quiere decirnos de quién.