2/9/2026 - En el El Salvador del régimen de excepción, la presunción de inocencia ha sido erradicada de facto y las cárceles se han convertido en agujeros negros donde la vida humana ha perdido su valor.
En las primeras horas de la mañana de este día, se confirmó el fallecimiento de William Guillermo Andrade Centeno, de 41 años, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado en el Centro Penal de Izalco.
El salvadoreño se encontraba detenido en el Penal de Izalco y habría sido trasladado al hospital, donde posteriormente se reportó su fallecimiento.
Andrade Centeno, originario de la Lotificación San Blas en Nejapa, San Salvador, pasa a formar parte de una sombría y creciente lista de ciudadanos que entraron a los penales sin una condena firme y salieron de ellos en un ataúd. Según las organizaciones de al sociedad civil, hasta hoy, hay 556 reos asesinados en distintos centros penales.
El caso de Andrade Centeno refleja el patrón sistemático que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos vienen denunciando desde el inicio de la medida extraordinaria.
Detenciones bajo presunción de culpabilidad: La captura de personas en comunidades vulnerables —como Nejapa— basadas en denuncias anónimas, criterios arbitrarios o apariencias, sin un debido proceso que garantice su defensa.
El silencio de las autoridades: Como ocurre de manera recurrente con los decesos bajo tutela estatal, las autoridades penitenciarias se mantienen en opacidad, limitándose a procesar los cuerpos hacia la Medicina Legal sin ofrecer explicaciones inmediatas ni transparentes a los familiares.
Falta de garantías médicas e integridad física: El Penal de Izalco se ha posicionado reiteradamente como uno de los epicentros de muertes por presuntas golpizas, torturas, desatención médica crónica o hacinamiento extremo.
El régimen de excepción, vendido por el discurso oficial como la panacea de la seguridad pública, opera en la práctica bajo una lógica represiva donde la muerte de un privado de libertad es reducida a una estadística irrelevante o justified bajo un relato oficialista que criminaliza a priori a cualquier detenido.
¿Hasta cuándo el Estado salvadoreño continuará eludiendo su responsabilidad constitucional sobre la vida de quienes están bajo su custodia?
La muerte de William Guillermo Andrade Centeno no es un hecho aislado: es un recordatorio de que, cuando las garantías constitucionales se suspenden indefinidamente, la arbitrariedad y la violencia institucional terminan cobrándose la vida de la misma ciudadanía que se prometió proteger.
