27/9/2026 - Mientras El Salvador atraviesa una de las crisis de derechos humanos más agudas de su historia reciente —con detenciones masivas, muertes en centros penales y restricciones a libertades fundamentales bajo el régimen de excepción— la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, parece haber convertido su cargo en un pasaporte para el turismo internacional financiado por el erario público.
La reciente reelección de Caballero de Guevara para un tercer período (2025-2028), impulsada por el oficialismo de Nuevas Ideas y sus aliados del PDC y PCN, ha reavivado las críticas de una ciudadanía que observa con indignación cómo la máxima autoridad en materia de derechos humanos del país prioriza los viajes al exterior sobre la vigilancia de las vulneraciones que ocurren en su propio territorio.
El itinerario de la indiferencia
Los números hablan por sí solos. En su noveno día de gestión, la procuradora emprendió su primer viaje internacional: una expedición de seis días a Marruecos —del 24 al 30 de octubre de 2022— para asistir a una reunión de dos días del Buró de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. El costo para el contribuyente salvadoreño: $10,809 en pasajes, terminales y viáticos, según documentos oficiales. Una cifra que representa más de un año de salario mínimo para muchos salvadoreños que, paradójicamente, son los mismos cuyos derechos debería defender la procuradora.
Pero ese fue solo el principio. Lo que comenzó como un patrón se ha consolidado en una constante: una sucesión interminable de "representaciones internacionales", "conferencias" y "reuniones de trabajo" en destinos lejanos, mientras en El Salvador las denuncias por violaciones a derechos humanos se acumulan sin respuesta en los archivos de la PD.DH.
Cómplice con boarding pass
La oposición no se ha quedado callada. Las diputadas Marcela Villatoro y Claudia Ortiz, de los partidos Vamos y Arena respectivamente, han señalado públicamente a Caballero de Guevara como "cómplice" del gobierno de Nayib Bukele, acusándola de haber convertido a la Procuraduría en una oficina de turismo diplomático que legitima con su silencio las políticas de Estado que vulneran derechos fundamentales.
El cuestionamiento a la "reserva de viajes" de la procuradora —eufemismo administrativo para ocultar el gasto en desplazamientos internacionales— ha sido una constante en el debate legislativo. Sin embargo, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa ha blindado a Caballero de Guevara, reeligiéndola con 57 votos pese a las advertencias de organizaciones de la sociedad civil sobre su inoperancia.
La paradoja de la defensa ausente
La ironía es evidente: una procuradora que debería estar en las calles, en los centros penales, en las comunidades afectadas por la violencia estatal, prefiere los salones de conferencias de Ginebra, Nueva York o Marrakech. Mientras las familias de detenidos injustamente buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, la doctora Caballero parece más preocupada por acumular millas de viajero frecuente que por acumular resultados concretos en la protección de los derechos humanos.
Su defensa —que estos viajes representan una "sólida y destacada proyección internacional e institucional"— resulta insultante para una población que ve cómo la institución a su cargo ha sido desmantelada moralmente, convertida en un anexo burocrático del poder ejecutivo que valida con su inacción el autoritarismo creciente.
El costo de la indiferencia
La reelección de Caballero de Guevara no es solo un fracaso institucional; es una bofetada a las víctimas de violaciones de derechos humanos que han visto cómo su última esperanza de defensa se disuelve en itinerarios de avión y comunicados de prensa sobre reuniones en el extranjero. Cuando la historia juzgue este período, no solo se recordará el autoritarismo del ejecutivo, sino también la complicidad de quienes tenían la obligación de frenarlo y prefirieron mirar hacia otro lado —desde la ventanilla de un avión, preferiblemente en clase ejecutiva.
En democracia, los funcionarios públicos deben rendir cuentas. Pero cuando el control institucional se desmorona y la oposición es marginada, lo que queda es la voz ciudadana: esa que hoy, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas, pregunta con indignación cuántos viajes más necesita hacer la procuradora para finalmente defender los derechos humanos en el país que la paga.
