5/10/2026 - Hace casi dos años, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 65 votos un préstamo de $179.5 millones para adquirir 1,500 buses eléctricos de la empresa china Yutong. La promesa era clara: renovar el deteriorado sistema de transporte público del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde cerca de 900 unidades habían llegado al fin de su vida útil. 

Hoy, a octubre de 2026, los fondos están comprometidos, la deuda contraída, pero los buses siguen siendo espejismos en las carreteras salvadoreñas.

El 9 de enero de 2024, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunciaba con optimismo que los primeros buses chinos circularían "el próximo año" (2025). En noviembre de 2024, la narrativa cambiaba: los vehículos llegarían "a finales de 2025". Para abril de 2025, el viceministro Nelson Reyes ya hablaba de "fines de 2025 o posiblemente 2026".

Esta escalada de plazos incumplidos no es casualidad: es el sello distintivo de una planificación deficiente y de promesas electorales que chocan con la realidad de la gestión pública.


El costo de la espera

Mientras los buses chinos permanecen en algún astillero de Zhengzhou, el transporte público salvadoreño sigue siendo un calvario diario para más del 70% de la población que depende de él. Los salvadoreños continúan abordando unidades obsoletas, contaminantes e inseguras, mientras el Estado ya pagó por buses que no existen en el territorio nacional.

El crédito —concedido a una tasa de interés del 6.5% anual y un plazo de 96 meses con seis meses de gracia— no espera. Los intereses corren, la deuda se acumula, pero el beneficio para la población sigue siendo teórico.


Opacidad y cuestionamientos

La opacidad rodea el proceso desde su inicio. El préstamo fue aprobado bajo la figura de "crédito en especies", un mecanismo que evita los procesos de licitación tradicionales y que ha sido denunciado por sectores opositores como una vía para eludir la transparencia.

Si bien el MOPT asegura que recibió ofertas de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, y que la china fue la "mejor opción", no se han presentado públicamente las evaluaciones técnicas comparativas que sustentan esta decisión. La elección de Yutong —misma empresa que ya ha vendido buses a Codelco en Chile— parece más guiada por conveniencias geopolíticas con Beijing que por una evaluación rigurosa de costo-beneficio para el usuario final.


Una pregunta incómoda

Si los fondos están aprobados desde hace casi dos años, ¿qué explica el retraso de más de 24 meses en la entrega? Los plazos de fabricación de buses eléctricos, aunque complejos, no justifican una demora de esta magnitud. ¿Existen problemas de financiamiento no revelados? ¿La empresa Yutong enfrenta dificultades de cumplimiento? ¿O el gobierno salvadoreño postergó la entrega por razones políticas o presupuestarias que no han sido transparentadas?

Lo cierto es que mientras las autoridades dan plazos que se diluyen como humo, el usuario del transporte público —ese 70% de la población que citaban los diputados para justificar la aprobación— sigue sin respuestas ni buses nuevos.

El caso de los buses chinos es un ejemplo paradigmático de cómo la aprobación rápida de préstamos millonarios no garantiza resultados concretos para la ciudadanía. La Asamblea Legislativa puede haber cumplido su papel formal al ratificar el convenio, pero el control y seguimiento de su ejecución ha sido nulo o inexistente.

Cuando —y si— finalmente lleguen los 1,500 buses de Yutong a territorio salvadoreño, será obligación de los medios y la sociedad civil calcular el costo real de esta demora: no solo en dólares, sino en calidad de vida, en horas de espera, en emisiones contaminantes y en la credibilidad de las instituciones que prometen sin cumplir.