21/10/2026  – La campaña de arrestos masivos del presidente Nayib Bukele ha estado marcada por denuncias de tortura y asesinato. Cuatro años después, 120.000 personas siguen en prisión.

A la medianoche de un lunes de diciembre de 2021, docenas de soldados y policías irrumpieron en la casa de Sandra Carolina Velasco Mena. Buscaban a su hijo de 22 años, Jefferson Alexánder Hernández Velasco.

“Querían arrestar a los jóvenes”, dice Sandra. “Dos de los policías dijeron que era porque estaban cortos de tres personas en su cuota”.

El arresto se produjo en medio de una intensificación de la represión contra los grupos criminales en El Salvador, lanzado por Nayib Bukele, quien ganó la presidencia en 2019. Durante décadas, el país de 6 millones de habitantes se había visto afectado por niveles extremos de violencia de pandillas, con su tasa de homicidios excepcionalmente alta en un punto superior a 100 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del mundo fuera de una zona de guerra.

A Hernández le quitaron. “Lo trataron como a un animal”, dice Sandra.

Las tasas de homicidios en El Savador habían estado cayendo, pero en marzo de 2022 una supuesta tregua entre el gobierno y las pandillas pareció colapsar cuando las pandillas supuestamente mataron a 87 personas en tres días. Bukele respondió declarando el estado de emergencia a nivel nacional.

Lo que siguió fue una campaña sin precedentes de encarcelamiento masivo. Se estima que 90.000 personas fueron detenidas. Alrededor de 120.000 personas permanecen encarceladas, aproximadamente el 2% de la población, una de las tasas más altas del mundo.

La represión ha arrastrado a decenas de miles de personas sin vínculos probados con bandas criminales, dicen grupos de derechos humanos. El llamado estado de excepción permite al gobierno detener a sospechosos durante períodos prolongados mientras restringe los derechos constitucionales. Miles de personas han sido procesadas por el delito vagamente definido de “asociación ilegal” en procedimientos cerrados en los que la evidencia se mantiene bajo sello judicial y no se hace pública. 

Sandra insiste en que su hijo es inocente y no tiene afiliación de pandillas. “Mi hijo era un hombre de familia, muy tranquilo, muy pasivo”, dice. “Trabajó en una granja donde cuidaban pollos. Le encantaba el fútbol y cuidaba de sus hermanos pequeños. Era un niño jovial”.

Una jueza ordenó la liberación de Hernández en una audiencia hace más de tres años, dice, pero en lugar de ser liberado, fue trasladado a Cecot, la famosa prisión de máxima seguridad de El Salvador, la pieza central de la guerra de Bukele contra las pandillas. Sandra no ha visto a su hijo desde entonces.

“No sé qué está pasando. No tenemos ninguna comunicación con él, nada. No sé nada”, dice.

Beatriz Magaloni, profesora de política en la Universidad de Stanford y miembro principal de su Instituto Freeman Spogli, dice que El Salvador se ha convertido en un “estado de terror carcelario”.

“Las atrocidades son más de lo que esperaba”, dice. “El régimen puede condenar perpetuamente a esta gente. No hay estado de derecho, no hay protección, es realmente trágico”.

La represión de Bukele también ha estado marcada por denuncias de abusos, torturas, violencia sexual y palizas. Al menos 513 personas han muerto bajo custodia estatal durante el estado de emergencia, según Cristosal, una organización de derechos humanos, mientras que Amnistía Internacional ha dicho que la mayoría de las muertes fueron de personas que no habían sido condenadas por un delito.

Entre ellos estaba Julio César Santamaría Flores, de 32 años, que trabajaba como mecánico. Su madre, Idalia Flores, de 52 años, dice que fue detenido arbitrariamente bajo sospecha de afiliación a pandillas el 1 de diciembre de 2022. Idalia dice que inicialmente le dijeron que su hijo sería detenido durante 15 días, antes de que se le dijera que su detención duraría seis meses.

“Mi hijo fue detenido bajo el estado de excepción, detenido arbitrariamente, injustamente acusado, de afiliación a pandillas”, dice Idalia. “Nunca volví a ver a mi hijo después de que fue arrestado. Hasta que me lo entregaron en una bolsa”. Cuando vio el cuerpo de su hijo, dice que había sido “prácticamente torturado”.

Detrás de los muros de la prisión, los ex detenidos describen un sistema de desnutrición, abuso físico, condiciones degradantes y tortura.

Víctor Barahona, periodista, fue detenido en junio de 2022 durante la ola de detenciones, acusado de asociación ilícita. Antes de su arresto, dice, su vida había sido “alegre”. Pasó 11 meses y 12 días bajo custodia, gran parte en la prisión de Izalco, que él describe como el infierno.

Barahona dice que también estuvo recluido en Mariona, o La Esperanza, prisión donde 230 hombres fueron apiñados en una celda pequeña, soportando condiciones degradantes. Él describe a la mayoría de sus compañeros de prisión como “inocentes” y “gente trabajadora”.

“Los guardias nos torturaron psicológicamente y nos golpearon constantemente. Te tratan como a una rata, como basura”, dice.

A los detenidos se les negó la medicina, privados de luz solar, se les dio solo un vaso de agua al día y fueron castigados por adorar, dice Barahona. “Cuando me liberaron, había perdido 80 libras. Estaba desnutrida. Tuve infecciones por hongos. Mi salud era muy pobre”, dice.

La magnitud de la represión también ha planteado preguntas sobre los incentivos que impulsan los arrestos. Las entrevistas con la policía de El Salvador realizadas por Human Rights Watch (HRW) encontraron que los oficiales enfrentaban presiones para cumplir con las cuotas de arresto, y los que se quedaron cortos arriesgándose a tomar medidas disciplinarias o perder sus empleos. HRW dice que esta presión alentó a los oficiales a acusar a las personas de afiliación a pandillas sobre la base de evidencia endeble o fabricada, afectando desproporcionadamente a las personas en los barrios pobres que carecían de los recursos para defenderse.

Barahona dice que un oficial de inteligencia reconoció la magnitud de la represión durante su arresto. “Mira, don Víctor, ahora mismo están arrestando a todos”, le dijo el oficial, según Barahona.

También cree que su trabajo como periodista lo convirtió en un objetivo. “Creo que mi trabajo los hizo sentir incómodos. Creo que por eso vinieron a mí. Lo hicieron para silenciarme, y lo hicieron”.

Casi cuatro años después de la represión, las autoridades han recurrido cada vez más a juicios masivos, juzgando a cientos de acusados a la vez por enlace de video.

Los acusados no pueden discutir sus casos con sus abogados, dice Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, mientras que a los abogados se les impide llamar a testigos y los testigos se ven amenazados si aceptan testificar para la defensa. “Los abogados defensores también operan en un clima de miedo, a veces también se les amenaza con ser procesados o ser vigilados”, dice.

“Todo el proceso hace imposible separar a los inocentes de los culpables”.

Idalia Flores dice que trató de construir un caso para la inocencia de su hijo antes de su muerte, recopilando documentos para demostrar que tenía una vida y un medio de vida no relacionados con las pandillas.

“Reuní información lo mejor que pude. Documentos: prueba de inscripción, recibos de compras de piezas [de taller mecánico], diplomas para los títulos que obtuvo, la escritura de la casa donde vivía y cartas de recomendación”, dice. “Presenté toda la evidencia para probar la inocencia de mi hijo, pero ignoraron el caso por completo. Fue tratado como un criminal, a pesar de tener un registro limpio y todos sus documentos en orden”.

Sin embargo, la represión de Bukele también le ha brindado apoyo público. Los homicidios han caído bruscamente y el país se ha transformado en uno de los más seguros de la región. Para muchos salvadoreños, el declive ha traído una sensación de seguridad después de años en los que las bandas criminales ejercieron el control sobre los barrios y la vida cotidiana.

La caída de los homicidios no ha llevado al gobierno a levantar poderes de emergencia. El estado de excepción, presentado inicialmente como una medida temporal de 30 días, se ha convertido en un elemento permanente del gobierno de Bukele.

“Este régimen de excepción es políticamente muy rentable para él, porque puede usar esto contra cualquiera que quiera. La gente realmente tiene miedo de expresar cualquier disidencia, cualquier oposición política”, dice Magaloni.

En 2024, Bukele reconoció que 8.000 personas que habían sido detenidas eran inocentes y habían sido liberadas, pero rechazó las estimaciones de grupos de derechos humanos de que 30.000 habían sido arrestadas injustamente. Él ha los despidiéndolos como “defensores de pandillas”. El hombre fuerte se ha ganado la admiración de la administración Trump y los líderes conservadores de todo el mundo.

“Entiendo que los que cometen delitos deben pagar el precio. Pero no gente inocente”, dice Barahona. “La justicia se ha perdido en nuestro país”.


Tomado y traducido de: https://www.theguardian.com