4/11/2026 - El miércoles por la mañana, mientras en Teherán, Pekín y Bruselas se celebraba abiertamente el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, los doce presidentes y el primer ministro que en marzo pasado posaron sonrientes junto a Donald Trump en su club de golf de Doral guardaron un silencio casi perfecto.
Ni Javier Milei. Ni Nayib Bukele. Ni Daniel Noboa. Ni Santiago Peña. Ni José Raúl Mulino. Ni Luis Abinader. Ni Rodrigo Paz. Ni Nasry Asfura. Ni Irfaan Ali. Ni Kamla Persad-Bissessar. Ni Keiko Fujimori. Ni Rodrigo Chaves. Ni José Antonio Kast. Ni, por supuesto, Abelardo de la Espriella, el mandatario que llegó a anunciar su respaldo a una candidata republicana al Congreso estadounidense.
El recuento lo confirma: hasta la tarde del jueves, el único gobierno de la región que había fijado posición era el de México, un país que no forma parte del Escudo de las Américas y que Trump ha señalado como "epicentro" del narcotráfico continental. Sheinbaum aplicó su conocida "cabeza fría", saludó a los candidatos de origen mexicano y despachó el asunto con un "hay que esperar". Un diagnóstico más elocuente sobre el estado de la alianza que cualquier comunicado.
El costo de haber apostado
El silencio no es un descuido protocolario. Es el reflejo de un cálculo que salió mal.
La alianza se presentó en sociedad el 7 de marzo como una plataforma de cooperación militar contra los cárteles, diseñada en despachos de primer nivel —Marco Rubio y Pete Hegseth en la arquitectura, Kristi Noem en la operación— y vendida a la región como la arquitectura de seguridad del siglo. Quince países terminaron adheridos, algunos con prisa y sin los trámites de rigor: Perú entró bajo el gobierno de Fujimori sin autorización del Congreso, y Chile lo hizo de la mano de un presidente electo al que el gobierno saliente de Gabriel Boric ni siquiera le había cedido el asiento.
Todos compartían una premisa: que el poder de Trump en Washington era un dato estable y que el Congreso era un apéndice.
El martes, los demócratas se llevaron la Cámara, el Senado, la gobernación de Texas y bastiones que el republicanismo consideraba propiedad privada. El propio vicepresidente JD Vance atribuyó el descalabro al descontento por la guerra contra Irán. Trump, por su parte, reapareció el miércoles no para hablar de América Latina, sino para mostrar el avance de unas obras.
"Los gobiernos que apostaron al poder formidable de Trump y a un Congreso que le era afín hoy tienen que preguntarse seriamente qué va a pasar de aquí a dos años", resume el analista Gilberto Aranda, de la Universidad de Chile. La apuesta de la derecha latinoamericana, dice, "está en duda".
La factura legislativa
Lo que viene no es la desaparición del Escudo, coinciden los especialistas, sino algo más incómodo para sus integrantes: escrutinio. El Congreso demócrata tiene preguntas pendientes sobre los bombardeos a embarcaciones, sobre los ataques dentro de Ecuador y Venezuela, y sobre la letra chica de una alianza que nunca pasó por el Capitolio.
Stephen McFarland, exembajador estadounidense en Guatemala, lo escribió sin rodeos en redes: los aliados extranjeros "deben prepararse para una administración posterior a Trump". Gimena Sánchez, de WOLA, anticipa que la cooperación antinarcóticos no se recortará de golpe, pero sí se condicionará —por ejemplo, para que Washington no esté "apoyando inadvertidamente crímenes de guerra".
El politólogo colombiano Alejo Vargas pronostica que el Escudo quedará "en un stand-by": seguirá sirviendo para entrenar tropas y compartir asesorías, "pero no mucho más que eso". Aranda añade el dato que el club prefiere no mencionar: la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula en Brasil ya había frenado la expansión del proyecto semanas antes de las midterms.
Los que sí hablaron
El contraste regional es brutal. Lula, desde fuera del Escudo, celebró con un "tsunami americano" por intermedio de su ministro José Guimarães. Pedro Sánchez proclamó que la extrema derecha global "ya no está creciendo: se está desmoronando". Hasta el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, tuvo algo que decir.
Los firmantes del Escudo, en cambio, ofrecieron el mutismo de quien teme que cualquier frase quede grabada. La única excepción parcial es la de Milei y De la Espriella, que sí se mojaron durante la campaña —ambos respaldaron a la republicana María Elvira Salazar en Florida— y ahora cargan con el costo de haber jugado en una cancha ajena. De la Espriella, además, espera de Washington una asistencia de hasta mil millones de dólares que depende de la aprobación del Congreso que acaba de pasar a manos demócratas.
Pregunta incómoda
Hay una explicación benigna para el silencio: en política exterior, el Ejecutivo estadounidense conserva amplias facultades y ningún gobierno quiere enemistarse con un presidente que aún despacha en la Casa Blanca. La explicación menos benigna es que la alianza se construyó sobre una lealtad personal y no sobre un interés nacional verificado, y que sus integrantes no tienen un discurso propio para cuando el proveedor de poder se debilita.
El Escudo de las Américas se presentó como una arquitectura de soberanía continental coordinada desde Washington. Treinta y seis horas después de que el electorado estadounidense le moviera el piso a su arquitecto, sus quince miembros todavía no han explicado qué queda en pie.
Y el primero que lo dijo en voz alta fue, precisamente, el gobierno al que la alianza no invitó.
