16/6/2026 - Para el gobierno de Nayib Bukele, la diáspora salvadoreña en Estados Unidos suele ser el motor del "milagro económico" en narrativa oficial: los "hermanos lejanos" que aplauden el régimen de excepción y sostienen al país con remesas. Sin embargo, cuando esa misma diáspora es esposada, subida a un avión y devuelta sin un centavo al asfalto de San Salvador, el discurso de la "nueva era" se apaga. Entra entonces un silencio estatal absoluto, una estrategia comunicativa que las organizaciones de derechos humanos ya califican de complicidad e indolencia.  

En los últimos meses, el volumen de salvadoreños deportados desde Estados Unidos ha experimentado un repunte agresivo. Lejos de la retórica protectora que un mandatario soberano debería ejercer sobre sus connacionales, la administración de Bukele ha optado por mirar hacia otro lado. Y el problema ya no es solo la falta de oportunidades económicas para quienes regresan; ahora, el silencio oculta algo mucho más grave: la desprotección jurídica y denuncias de detenciones arbitrarias.

De "socios" a detenidos: El pacto carcelarioMientras miles de salvadoreños viven con la incertidumbre del endurecimiento de las políticas migratorias de la Casa Blanca, la diplomacia de El Salvador ha estado ocupada firmando acuerdos de "tercer país seguro" y ofreciendo sus megaprisones para albergar a indocumentados y delincuentes de cualquier nacionalidad expulsados por Washington.  

La contradicción es brutal. Mientras Bukele es elogiado en los círculos conservadores estadounidenses por "limpiar el país", en las calles de San Salvador las familias de los retornados viven un calvario silencioso. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) han alertado que la deportación hacia El Salvador se está convirtiendo, en varios casos, en un boleto a la "desaparición forzada" institucionalizada.  

"Hasta el momento no sé nada de mi hijo, nada. Quiero información, que alguien me diga que mi hijo está bien, que está vivo", relataba la madre de un retornado a agencias internacionales. Su hijo fue arrestado al aterrizar bajo sospechas no comprobadas de pertenecer a pandillas. Desde entonces, el silencio.


El muro de la propaganda

¿Por qué calla el presidente más activo de las redes sociales? La respuesta se encuentra en el pragmatismo geopolítico y en el blindaje de su narrativa. Para el gobierno salvadoreño, mantener la sintonía política y atraer inversiones de la administración estadounidense es prioridad absoluta. Cuestionar las deportaciones masivas o el trato a los migrantes rompería la ilusión de la "alianza perfecta".

En el nuevo El Salvador, todo aquel que caiga bajo la más mínima sospecha o señalamiento (incluso si viene de agencias extranjeras como el ICE) es catalogado inmediatamente como "terrorista" o criminal. Defender el debido proceso de un deportado iría en contra del libreto de mano dura. A pesar de contar con más de 25 consulados en territorio estadounidense, las denuncias de activistas comunitarios coinciden en lo mismo: los salvadoreños enfrentan sus procesos de expulsión completamente solos, sin asesoría legal ni mediación de su propio gobierno.


El costo humano del "Éxito"

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y las demás cárceles del país se han vuelto un "agujero negro" donde la información está bajo reserva total. Un salvadoreño deportado hoy no solo regresa a un país que no le ofrece empleo formal, sino a un Estado policial donde su acento, sus tatuajes artísticos o una base de datos errónea de EE. UU. pueden costarle la libertad sin derecho a defensa.  El silencio de Bukele no es olvido; es una postura política. Es la decisión de sacrificar el amparo de los ciudadanos más vulnerables a cambio de mantener intactas las fotos de perfil alto en el extranjero y la narrativa del país más seguro del hemisferio. Mientras tanto, en las afueras de los centros de recepción de migrantes, las madres esperan ver salir los autobuses, rezando para que sus hijos no pasen directamente de la pista de aterrizaje a una celda de aislamiento. La propaganda brilla en X, pero la realidad de la migración se apaga en la sombra de la indiferencia estatal.

En 2025, los medios de comunicación informaban que más de 6 mil salvadoreños fueron deportados (33 diarios), en su mayoría, de Estados Unidos.