2/6/2026 - En El Salvador, la rendición de cuentas ha pasado de ser un derecho ciudadano a un acto de fe. Lo que inició como una serie de excepciones justificadas por la seguridad nacional se ha transformado en un blindaje sistemático que cubre desde las grandes obras de infraestructura hasta los gastos más cotidianos de las carteras de Estado. Hoy en día, la regla general en la administración pública no es la transparencia, sino el sello de "reservado".
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que en su momento fue celebrada como un hito democrático para el control ciudadano, opera actualmente en condiciones de asfixia.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), debilitado en su autonomía tras sucesivas reformas y cambios de alineación institucional, ha dejado de ser el árbitro imparcial que forzaba a las instituciones a entregar datos. En su lugar, el aparato estatal ha perfeccionado un mecanismo de reserva anticipada: ocultar la información antes de que alguien tenga la osadía de preguntarla.
"La información pública no le pertenece al gobernante, le pertenece a los ciudadanos que financian el Estado con sus impuestos. Clasificarla en secreto sin una justificación técnica real es, por definición, un acto de autoritarismo de baja intensidad".
El catálogo del secreto
La práctica de declarar información como reservada abarca áreas que impactan de forma directa la vida y el bolsillo de los salvadoreños. Bajo el argumento de proteger la seguridad del Estado o evitar "ventajas comerciales" a terceros, se han puesto bajo llave de forma prolongada:
Estudios y contratos de obras públicas: Los detalles técnicos y financieros de megaproyectos de infraestructura se manejan en círculos cerrados, impidiendo auditorías independientes sobre el uso de fondos.
Estadísticas de seguridad y salud: Datos que históricamente sirvieron para evaluar el impacto de las políticas públicas y epidemiológicas ahora se consolidan bajo criterios de estricta confidencialidad.
Contrataciones y compras estatales: El desglose de proveedores, montos y procesos de licitación en ministerios clave permanece fuera del alcance del escrutinio público.
Esta política de opacidad deliberada no solo entorpece el ejercicio del periodismo de investigación, sino que anula la contraloría social. Sin datos verificables, el debate público se vacía de contenido, sustituido por narrativas oficiales imposibles de contrastar. La falta de acceso a los presupuestos reales y a los contratos estatales abre una grieta enorme para la ineficiencia y la corrupción, ocultando los errores de gestión detrás del cómodo muro del secreto de Estado.
Un país que legisla y gobierna a oscuras puede proyectar una ilusión de orden y eficiencia en el corto plazo.
Sin embargo, la historia reciente de la región demuestra que cuando la reserva de información se convierte en la política bandera de un gobierno, el precio final siempre lo paga la democracia, debilitada por la desconfianza y la falta de certezas. La transparencia no es un lujo accesorio; es el único antídoto contra el abuso de poder.
