28/10/2026 - Elías Antonio Saca González salió del penal de Mariona esta semana. Lo hizo por la puerta que él mismo se construyó con una confesión: admitió ante un tribunal que, entre 2004 y 2009, diseñó un plan para vaciar la Cuenta Institucional Subsidiaria de Casa Presidencial y quedarse con $300,347,117 del erario público. 

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles que la orden de libertad está vigente desde el martes 27 de octubre, tras cumplir la pena de 10 años por peculado y lavado de dinero.

La aritmética es brutal: 30 millones de dólares por cada año de cárcel. O, visto al revés, unos 82,000 dólares por cada día que pasó privado de libertad desde su captura el 30 de octubre de 2016, cuando la Policía lo detuvo en plena boda de uno de sus hijos.

Saca no llegó al banquillo como un acusado cualquiera. Llegó como el hombre que gobernó el país con la bandera de ARENA, que después fundó GANA para reciclarse políticamente y que, cuando ya no pudo sostener el relato, se autoincriminó en un procedimiento abreviado. El 13 de septiembre de 2018 el Tribunal Segundo de Sentencia lo condenó a cinco años por peculado y cinco por lavado de dinero. Confesó que los mecanismos de control de la Corte de Cuentas fueron «superficiales» y que esa laxitud le permitió transferir fondos a nombre de terceros: agencias de publicidad, exfuncionarios de su gabinete, sus propias empresas y hasta las arcas del partido ARENA. Confesó también que, ante tanto dinero, buscó asesoría para evitar el rastreo.

Y ahí está el primer agravio: nadie ha encontrado los millones. La Fiscalía ubicó propiedades y sociedades —Grupo Samix, Promotora de Comunicaciones, Radio Difusión de El Salvador, Radio Difusión Usuluteca, Stéreo 94.1, Radio ABC, inmuebles en San Mateo, Miramonte, Finca Linda Vista y Costa del Sol—, pero el valor de esos bienes no llega ni a los 20 millones de dólares. El exfiscal Mario Huezo insinuó en el juicio que buena parte del dinero pudo terminar enterrado en barriles. La defensa de Saca no lo descartó: «solo que él los haya ido a enterrar», dijo su abogado. Nadie ha ido a buscarlos.

El fallo le impuso, además, una responsabilidad civil de $261 millones —el resto de los 300 correspondía a los otros seis condenados— y la Sala de lo Penal ordenó que ese pago era requisito para salir en libertad una vez cumplida la condena. 

A la fecha, según reportes de Diario El Salvador, la Corte Suprema de Justicia no ha precisado si Saca pagó. La Fiscalía, en cambio, ya aclaró que las empresas, inmuebles y vehículos decomisados seguirán bajo custodia estatal. Es decir: lo que se le conoce queda para el Estado, pero el efectivo sigue siendo una incógnita contable.

La propia institución encargada de perseguirlo admite que el caso estuvo a punto de desinflarse antes de tiempo. En un comunicado, la Fiscalía de Rodolfo Delgado acusó al exfiscal general Douglas Meléndez de haber dejado montado un «mecanismo» para que Saca abandonara la cárcel antes de cumplir la mitad de la pena, algo que la ley penitenciaria impide para condenados por corrupción y crimen organizado, y con mayor razón para un confeso que se benefició de un procedimiento abreviado. El freno funcionó. La sospecha de que la institucionalidad jugó contra sí misma, también.

Hubo más indulgencias en el camino. En septiembre de 2020, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria había fijado el fin de la condena en octubre de 2028, sumando los dos años del caso «Transes», donde Saca confesó haber pagado 10,000 dólares a una empleada judicial para que le filtrara información sobre el juicio civil que enfrentaba junto a su esposa e hijos. La Cámara Mixta decidió que esos dos años no contaban y adelantó la salida a este octubre.

Su exsecretario privado, Élmer Roberto Charlaix Urquilla, condenado por los mismos hechos, también termina su pena en la misma fecha. La estructura que se repartió el dinero se reencuentra afuera.

La pregunta que queda flotando no es jurídica, es política: ¿qué tan caro sale robarse el presupuesto de la República? En El Salvador, la respuesta acaba de quedar escrita en un cálculo de pena: diez años, con confesión incluida, con la Corte de Cuentas mirando para otro lado y con 280 millones que el Estado todavía no puede señalar con el dedo.

Saca vuelve a la vida civil con sus bienes decomisados y su libertad recuperada. El país, en cambio, sigue esperando el reembolso de un dinero que quizá esté bajo tierra, en una empresa fantasma o en el fondo de un barril que nadie ha abierto.