19/10/2026 - El Banco Central de Reserva (BCR) ha iniciado formalmente la Cartografía Económica 2026, desplegando a más de 1,400 censistas y 300 vehículos en los 14 departamentos del país para elaborar un registro georreferenciado de cada establecimiento productivo. Aunque el discurso institucional enmarca este esfuerzo como el preámbulo técnico necesario para el VIII Censo Económico —financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, en las calles, mercados y pequeños comercios impera una viva inquietud: ¿se trata de un avance en la planificación económica o de un sistema de vigilancia previo a un embate tributario contra el sector informal?

A diferencia de censos o encuestas anteriores, la Cartografía Económica 2026 destaca por su elevado nivel de detalle tecnológico. Los empadronadores recorren distritos y municipios registrando mediante dispositivos móviles la ubicación satelital exacta y el tipo de actividad productiva de los establecimientos.

Lo relevante es que la iniciativa no discrimina entre el comercio formal en centros comerciales y la actividad que opera en la vía pública o en modalidades informales. El BCR argumenta que capturar esta información es imprescindible para actualizar la estructura productiva del país, algo indispensable considerando que el último censo económico data del año 2005.

Oficialmente, el BCR apela al secreto estadístico amparado en la Ley Especial de Estadística y Censos, asegurando que los datos individuales recolectados no serán compartidos para fines punitivos ni divulgados de forma nominativa. Sin embargo, la desconfianza ciudadana se apoya en tres realidades estructurales:

Necesidad de recaudación en un entorno de ajustada presión presupuestaria: En un contexto económico donde las finanzas públicas demandan mayor liquidez, la georreferenciación detallada del sector informal expone el mapa exacto de dónde reside la masa económica no gravada.

Informalidad como mecanismo de subsistencia: En El Salvador, más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) subsiste en el sector informal. Muchos de estos microcomerciantes no evaden impuestos por avaricia, sino por la imposibilidad de asumir cargas tributarias e intermediaciones burocráticas que devorarían sus ajustados márgenes de supervivencia.

El temor al "garrote" en lugar del "incentivo": Históricamente, las políticas de formalización en la región suelen inclinarse hacia la fiscalización directiva y el cobro de tasaciones municipales o tributarias en lugar de ofrecer beneficios claros como crédito barato, seguridad social integral o capacitación.

Contar con estadísticas confiables y actualizadas es innegablemente un paso positivo para la formulación de políticas públicas modernas. No obstante, el riesgo radica en el uso posterior de la información.

Si la Cartografía Económica 2026 es el primer paso hacia una estrategia integral de bancarización, acceso a préstamos formales, subsidios productivos y esquemas tributarios simplificados (donde el micropequeño negocio pague de forma progresiva a cambio de beneficios tangibles), el proyecto habrá cumplido una función social encomiable.

Por el contrario, si este despliegue satelital y presencial deriva en una acelerada cacería de fiscalización para ahogar al sector informal con patentes e impuestos sin contraprestaciones, el Banco Central no habrá levantado un mapa del desarrollo, sino la cartografía de una mayor asfixia económica para las familias que sobreviven día a día en la calle.