10/10/2026 - El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló este jueves el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, procesada por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia. La imputación no es un tecnicismo: resume, en dos cargos, la manera en que la exedil de Nuevas Ideas habría entendido el poder municipal —como un espacio donde las leyes y las órdenes judiciales se acatan solo si convienen.

Según la Fiscalía General de la República, Montano ordenó despidos de trabajadores municipales sin seguir el procedimiento que exige la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Los afectados recurrieron a los juzgados de lo laboral y ganaron: los jueces ordenaron su reinstalo y el pago de salarios caídos. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo grave es lo que vino después: notificada y firme la sentencia, con los plazos cumplidos, la alcaldesa sencillamente las ignoró. De ahí el delito de desobediencia. Y de ahí, también, la señal de fondo: una autoridad que se sabía obligada y aun así decidió que las reglas eran opcionales.


El argumento que no resiste

El detalle que vuelve el caso especialmente incómodo es el de la supuesta falta de liquidez. Montano alegó problemas financieros para justificar los despidos… en el mismo año en que elevó el presupuesto de las fiestas patronales a $800,000. Es decir, mientras se despedía personal, el dinero sí aparecía para el escaparate. Una gestión que sacrifica empleo y derechos laborales en nombre de la austeridad, pero que no toca el gasto festivo, revela prioridades discutibles.


Salpicados y verbalidad

La Fiscalía documentó, además, que las destituciones se ejecutaban de manera verbal, sin el debido respaldo procedimental. El desorden administrativo no quedó contenido en la alcaldesa: las condenas por salarios caídos, que ya superan los $19,000, también salpicaron a sus regidores. En febrero de 2025 se sumó una segunda acusación, con cuatro trabajadores despedidos. El patrón, más que un error aislado, parece un método.


Lo que está en juego

El juicio —llevado de forma colegiada por tres jueces— trasciende a Soyapango. Es una prueba de que gobernar con mayoría no equivale a gobernar con legalidad. Nuevas Ideas ha construido su relato sobre la idea de eficiencia y orden; casos como el de Montano muestran el reverso: cuando el orden no se impone con ley, se impone con atropello.

Montano, que guarda arresto en el penal La Occidental, enfrenta ahora la posibilidad de que un tribunal le explique lo mismo que ella se negó a aceptar durante su gestión: que las órdenes judiciales no son sugerencias.

El veredicto dirá mucho sobre ella. Pero la pregunta de fondo —si el partido gobernante entiende el poder como servicio o como propiedad— sigue abierta.