31/10/2026 - El viernes 30 de octubre, en una sala del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, quedó cerrada la segunda página de un expediente que debió escribirse mucho antes. Nercy Patricia Montano de Martínez, de 52 años, exalcaldesa de Soyapango y figura emergente de Nuevas Ideas, fue declarada culpable de actos arbitrarios y desobediencia continuada y sentenciada a cinco años de prisión. La acusación no es exótica: despidió a cuatro empleados municipales a dedo, sin cumplir la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y después hizo algo peor que despedirlos: ignoró los fallos judiciales que ordenaban devolverles el puesto y pagarles.

Los cuatro trabajadores ganaron sus juicios en los juzgados de lo laboral. Las sentencias quedaron firmes. Los plazos vencieron. Y la alcaldesa, simplemente, no acató. Para la Fiscalía General de la República el patrón es claro: Montano comunicaba las destituciones de palabra y luego dejaba correr el calendario como si las resoluciones no existieran. El resultado fueron obligaciones por salarios caídos superiores a 19 mil dólares, con efectos que salpicaron incluso a los regidores municipales, según consignó el Ministerio Público durante el juicio.

Con esta pena, la exfuncionaria acumula 15 años de cárcel en dos condenas. La primera llegó en junio de 2025, también del Tribunal Quinto de Sentencia: seis años por incumplimiento de deberes y cuatro por negociaciones ilícitas, tras demostrarse que desvió 282 mil 621 dólares de fondos municipales. La Fiscalía probó entonces que priorizó gastos en fiestas patronales, eventos artísticos y asesorías irregulares mientras las cuotas laborales de la comuna se iban al limbo.


El argumento que se cayó solo

Durante el juicio, la defensa de Montano sostuvo que la alcaldía no tenía liquidez para sostener al personal. El dato que desarma la coartada no viene de un peritaje complicado, sino de una simple línea presupuestaria: ese mismo año, la gestión elevó a 800 mil dólares el presupuesto para las fiestas patronales de Soyapango. Es decir, mientras cuatro familias esperaban un salario ya ordenado por un juez, la comuna financiaba tarima, sonido y fuegos artificiales.

Hay algo más incómodo en la cronología. Montano asumió el 1 de mayo de 2021 y duró apenas 19 meses en el cargo: fue capturada el 28 de diciembre de 2022, en las propias oficinas de la alcaldía, en medio de una crisis municipal con protestas, huelgas y aguinaldos impagos. Las denuncias que la llevaron a prisión no nacieron de una investigación de escritorio, sino de los propios empleados afectados, que se organizaron para exigir lo básico. Ese es, quizá, el dato más elocuente de todo el caso: el primer filtro de control sobre la alcaldesa no fue institucional, fue la gente a la que le debía dinero.


Una gestión, dos delitos de fondo

Leídas en conjunto, las dos condenas dibujan un mismo perfil de gestión. En la primera, el tribunal acreditó que Montano decidía de forma arbitraria en qué se usaban los fondos municipales. En la segunda, el tribunal acreditó que decidía de forma arbitraria quién conservaba su empleo. Dos caras de la misma moneda: la discrecionalidad como método, la ley como trámite opcional.

La defensa técnica intentó aislar los casos —son expedientes distintos, argumentó—, pero el hilo conductor es el mismo. No se trata de una funcionaria que se equivocó en una interpretación jurídica discutible. Se trata de una funcionaria que, teniendo las órdenes judiciales en la mano y los plazos cumplidos, optó por la desobediencia. Por eso el tribunal no la condenó solo por los despidos, sino también por el desacato: en la estructura de la sentencia, el delito contra la administración pública pesa más que el daño individual a los cuatro trabajadores, considerados víctimas subsidiarias.


Lo que la sentencia no resuelve

Hay tres preguntas que la nota oficial de Centros Judiciales no contesta y que el debate público debería exigir.

La primera es la efectividad de la pena. Sumar 15 años en dos sentencias no equivale automáticamente a 15 años tras las rejas; depende de cómo los jueces de ejecución acumulen o compaginen las condenas y de si la defensa logra beneficios. Sin esa precisión, el titular de los 15 años puede convertirse en una cifra de escritorio.

La segunda es la reparación real. Los más de 19 mil dólares en salarios caídos y las prestaciones ordenadas siguen siendo una deuda con personas concretas. Condenar sin ejecutar es una forma elegante de no pagar.

La tercera es el costo institucional de la lentitud. Los despidos ocurrieron en 2021 y 2022; la segunda acusación se presentó en febrero de 2025; la condena llegó en octubre de 2026. Cuatro empleados tuvieron que sostener un litigio durante años para que un tribunal confirmara lo que la ley ya decía. En el camino, la exalcaldesa no solo conservó su libertad: mantuvo su perfil político y su narrativa de gestión, mientras la institucionalidad laboral del municipio se desangraba.


El contexto que incomoda al partido

Soyapango no es un municipio cualquiera: es uno de los bastiones más grandes del oficialismo, y Montano fue una de las alcaldesas que Nuevas Ideas exhibió como relevo generacional. Su caída, sin embargo, no ha sido tratada como un caso aislado de mala gestión sino, en la práctica, como una molestia menor dentro del relato nacional de transformación. El partido no ha emitido una autocrítica pública consistente sobre el manejo municipal de su ex funcionaria, y la estructura de poder que la cobijó sigue intacta.

La condena de este viernes no es, por tanto, una victoria épica de la justicia. Es el mínimo institucional funcionando a destiempo. Lo reseñable es que funcionó: los jueces laborales fallaron, la Fiscalía sostuvo la acusación, el tribunal condenó y la exalcaldesa ya no tiene un solo expediente limpio. Lo preocupante es que hizo falta todo eso —y cuatro años— para que una alcaldesa entendiera que un fallo judicial no es una sugerencia.

Nercy Montano quiso gobernar Soyapango como si el cargo fuera un feudo personal. Los tribunales acaban de responderle, dos veces, que no lo era.

Fuentes: Fiscalía General de la República; Centros Judiciales de la Corte Suprema de Justicia; reportes de Diario El Mundo, El Diario de Hoy, Diario El Salvador e Infobae (30-31 de octubre de 2026); expediente del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.