8/10/2026 - Hay preguntas que un vocero puede responder con cifras y salir ileso. Y hay preguntas que obligan a confesar un costo. La pregunta por los detenidos bajo el régimen de excepción pertenece a la segunda categoría, y Félix Ulloa lo sabe: por eso, cuando se la hacen, el vicepresidente de la República no la recibe como una consulta, sino como una imputación.

En entrevista tras entrevista —la más reciente, el episodio que circula en vídeo— el patrón es el mismo. Ulloa llega cómodo con el relato de la "guerra justa" contra las pandillas. Mientras la conversación gira sobre los logros, el vicepresidente despliega el manual: "sin derramamiento de sangre", "acto soberano", "la gente se siente protegida". 

Pero cuando el interrogador pasa a los presos —a los más de 90.000 detenidos—, el tono cambia. La respuesta se alarga, se matiza, se relativiza. Y aparece la frase que delata todo: "No hay obra humana perfecta".


El problema no son los detenidos; es lo que los detenidos obligan a admitir

A Ulloa no le molesta que le pregunten cuántos hay. Ese número —91.000, casi 100.000 según el conteo— es trofeo de guerra. Le molesta la pregunta siguiente, la que va al fondo: ¿y cuántos de esos presos son inocentes?

Ahí es donde el discurso se agrieta. Ulloa ha tenido que admitir, ante la BBC, ante la prensa española, que "puede haber inocentes entre los 91.000 presos, como en cualquier parte del mundo", y que el gobierno intenta "reducir el margen de error". Traducido: sí, la red barrió con pescado y con basura, y no hay forma de saber cuánto de cada uno.

Cada vez que un periodista insiste en el punto, obliga al funcionario a caminar por una cuerda floja: si reconoce demasiados inocentes, erosiona el mito de la precisión quirúrgica; si los niega, choca con los casos documentados —liberaciones tardías, personas sin vínculo pandilleril fichadas por un tatuaje, un barrio o un apellido, y muertes bajo custodia que las organizaciones de derechos humanos llevan años contando.


La estrategia: desacreditar al que pregunta

La segunda defensa de Ulloa es más política que jurídica. Cuando el dato incómodo no se puede negar, se desacredita la fuente. Los informes de Human Rights Watch son "exagerados"; los señalamientos sobre torturas y abusos "los propaga la oposición política"; la prensa crítica "hace periodismo del Tercer Mundo". Así, la pregunta por los detenidos deja de ser una pregunta técnica y se convierte en una emboscada ideológica que hay que neutralizar.

Es un movimiento eficaz y tramposo a la vez: si el que pregunta es sospechoso de antemano, la respuesta nunca tiene que ser del todo precisa.


Lo que la incomodidad revela

La molestia de Ulloa es, en el fondo, sincera y comprensible desde su lógica. El régimen de excepción es la joya de la corona de Bukele, su principal activo de popularidad, y la pregunta por los detenidos es la única que lo mide por su costo humano y no por su titular. Todo lo demás —la caída de homicidios, la sensación de seguridad en las calles— se vende solo. Los presos, en cambio, exigen explicar el reverso: el precio que se pagó, y quién lo pagó sin deberlo.

Por eso la pregunta le incomoda. No porque no tenga respuesta, sino porque cualquier respuesta honesta le resta brillo al relato. Y en un gobierno que ha construido buena parte de su capital político sobre la certeza —"aquí no hay dudas, aquí hay resultados"—, admitir un margen de error del tamaño de decenas de miles de personas es más que un detalle: es una grieta.

Ulloa no se molesta con el periodista. Se molesta con la aritmética.