20/10/2026 - La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) elevó hoy a 580 el número de salvadoreños asesinados bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. Ninguno había sido vencido en juicio. Más del 94 % no tenía perfil de pandillero. La cifra no es un accidente: es el resultado lógico de un sistema que invirtió la presunción de inocencia.

El régimen de excepción nació en marzo de 2022 como una medida "temporal" de treinta días, prorrogable, para desmantelar a las pandillas tras una escalada de homicidios. Cuatro años y medio después, sigue vigente, ya no combate homicidios —que se desplomaron y se mantienen bajos— sino que administra un sistema paralelo de justicia donde la detención es la sentencia y el juicio es un trámite burocrático que llega, cuando llega, meses o años tarde.

Según el reporte difundido por el SJH, la cifra de fallecidos bajo tutela del Estado alcanzó las 580 personas. Todas ellas, subraya la organización, murieron sin haber sido vencidas en juicio ni declaradas culpables. Es decir: 580 salvadoreños que legalmente todavía eran inocentes y que, sin embargo, ya estaban muertos.


El dato que rompe el relato oficial

El régimen de excepción se vendió con una promesa simple: se está llevando presos a los pandilleros. Bajo esa lógica, las muertes en cárceles tienen una explicación casi estadística —son delincuentes, son muchos, es un megaoperativo—.

Pero el Socorro Jurídico reporta que más del 94 % de las víctimas no poseían perfil de pandilleros. Ese número es demoledor. Significa que de cada cien muertos, noventa y cuatro no eran "el enemigo" que el gobierno dijo haber capturado. Eran, en la práctica, civiles que cayeron en la red de un aparato diseñado para no distinguir.

La abogada Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico, confirmó que el patrón se ha sostenido durante los cuatro años y medio del régimen: personas procesadas, nunca condenadas, muriendo bajo custodia. Y advirtió que el patrón no solo continúa, sino que se ha ampliado con un mecanismo particularmente cínico: la negación de atención médica.


Morir por un certificado que no llega

Aquí conviene ser preciso con el lenguaje. Decir que 580 personas fueron "asesinadas" en las cárceles de Bukele es jurídicamente discutible —no todas murieron por violencia directa— pero políticamente honesto, porque el resultado es el mismo: el Estado las tomó bajo su custodia y las devolvió en un ataúd.

Cuando el Estado encierra a alguien, asume una obligación positiva: alimentarlo, abrigarlo, curarlo. Si un reo diabético muere porque la enfermería del penal no tiene insulina, no murió de diabetes. Murió de Estado. La muerte por negligencia médica es homicidio por omisión, y en un sistema donde las familias deben pagar y rogar para que se atienda a un enfermo, la omisión deja de ser un fallo técnico y se vuelve una política.

El detalle que agrava todo: la mayoría de estas personas llevaban años presas sin condena firme. No habían agotado el proceso. El sistema las condenó a cadena perpetua de facto y luego las dejó morir antes de que un juez pudiera decirles de qué se les acusaba.


La liberación que todavía no llega

Escobar también apuntó a un movimiento político que conviene leer con frialdad: las declaraciones del Ejecutivo sobre liberar presos no nacen de una conversión al garantismo, sino de la presión. Denuncias internacionales, organismos de derechos humanos, casos mediáticos de enfermos y muertos bajo custodia. El costo reputacional empezó a pesar más que el costo de liberar.

Y sin embargo, señala la abogada, las liberaciones concretas todavía no se ven. Se anuncian, se insinúan, se dejan flotando como posible decreto legislativo a petición del Ejecutivo, pero el número real de salidas sigue siendo marginal frente a las decenas de miles de detenidos.

El patrón es reconocible: el gobierno no corrige, administra la presión. Libera lo mínimo necesario para que la crítica internacional baje de volumen, sin tocar la arquitectura del sistema. Unos cuantos enfermos salen y la foto se convierte en "el gobierno escucha". Mientras tanto, la máquina sigue moliendo.


Una excepción que se volvió normalidad

El problema de fondo es conceptual. Una "excepción" que dura cuatro años y medio dejó de ser una excepción hace rato. Sus reglas —detención sin orden judicial, suspensión de plazos, juicios masivos con cientos de imputados en una sola audiencia, defensa pública desbordada— ya no son un paréntesis: son el sistema penal salvadoreño.

Y ese sistema tiene un costo humano que el éxito en las encuestas no mide. La popularidad de Bukele se sostiene en un dato real y verificable: la gente ya no tiene miedo de salir a la calle. Eso es cierto y no se le puede regatear. Pero la seguridad pública se compró, en parte, con 580 vidas de personas que aún no habían sido declaradas culpables de nada.

El reporte del Socorro Jurídico Humanitario no pide el fin del régimen. Pide algo mucho más modesto y por eso más difícil de negar: responsabilidad. Mejores condiciones de vida para los procesados, atención médica efectiva, y que el Estado asuma que las personas bajo su custodia son su obligación, no su inventario.

580 muertos sin condena. Detrás de cada cifra hay un expediente que nunca se cerró y una familia que todavía espera una respuesta que probablemente no llegue nunca.