23/10/2026 - Han pasado seis días desde que cuatro aerotécnicos salvadoreños cayeron emboscados y hoy permanecen en manos de pandillas haitianas. El Ejecutivo ha llenado las redes sociales de ultimátums, vídeos y amenazas en creole. 

La Asamblea que hace tres semanas aprobó, con dispensa de trámite, la misión que los envió, todavía no ha dicho una sola palabra institucional.

El 18 de octubre, un vehículo blindado de la Fuerza de Tarea Libertad II fue embestido con explosivos en Croix-des-Bouquets. Los cuatro ocupantes —técnicos de aviación, no tropas de choque— lograron salir del blindado en llamas. Desde entonces, no se sabe nada oficial sobre su paradero ni su estado de salud. El Gobierno mantiene bajo reserva incluso sus identidades.

El presidente Nayib Bukele ha respondido con la intensidad que acostumbra: un mensaje en criollo haitiano dirigido a los cabecillas, la advertencia de que "el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir", el envío urgente de 100 efectivos de fuerzas especiales y la promesa de cien más. El líder de la banda 400 Mawozo, Wilson Joseph, respondió con un vídeo mostrando municiones y rechazando el ultimátum.

Todo eso es el Ejecutivo. ¿Y el Legislativo?


El poder que los mandó, y ahora calla

Recordemos un detalle incómodo: los cuatro soldados están en Haití porque la Asamblea Legislativa lo autorizó. El 29 de septiembre —nueve días antes de la emboscada— el pleno aprobó con 57 votos la Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas, prorrogando la presencia militar hasta octubre de 2027. Lo hizo con dispensa de trámite, empujado por el Ejecutivo, y sin fijar en la ley cuántos militares se enviaban ni con qué techo operativo.

Es decir: la Asamblea votó a ciegas y a la carrera. Hoy, cuando la apuesta se materializa en cuatro rehenes, el mismo órgano que firmó la apuesta guarda silencio.


Los motivos (que nadie ha explicado oficialmente)

No existe un pronunciamiento de la Asamblea que aclare por qué no se pronuncia. Pero el patrón institucional permite leer al menos cinco razones:

1. La subordinación al guion del Ejecutivo. La bancada oficialista —57 de 60 escaños— no opera como contrapeso, sino como caja de resonancia. Cuando la narrativa la escribe Casa Presidencial, los diputados esperan la señal antes de moverse. En política exterior y defensa, ese guion casi siempre lo redacta Bukele.


2. La ley ya los blindó, y hablar implicaría rendir cuentas. El marco legal aprobado deja cabos sueltos gruesos: no fija número de tropas, permite operar desde Haití o desde República Dominicana, y exime al Ministerio de Defensa de la Ley de Compras Públicas. Un pronunciamiento serio obligaría a preguntar cuánto costó el despliegue, cuántos efectivos hay y qué reportes recibe el pleno. Responder eso es más trabajoso que aplaudir.

3. Cálculo político: silencio como póliza de seguro. Si el rescate sale bien, el mérito es de Bukele. Si sale mal, nadie quiere quedar pegado a la decisión. El silencio permite reclamar crédito sin cargar culpa.

4. Ausencia de herramientas propias de fiscalización. La Asamblea no tiene una comisión activa que dé seguimiento a la política de defensa exterior. No ha llamado al ministro de Defensa a interpelación. No ha exigido un informe del avance de la búsqueda. No hay comparecencias. El tema simplemente no tiene un canal institucional por el que expresarse.

5. La trampa narrativa del "enemigo único". En la lógica oficial, todo se reduce a un pulso binario: Bukele contra las pandillas. En ese relato no hay espacio para un tercer actor institucional. La Asamblea existe, pero no aparece en el cuadro.


Lo que delata el silencio

La crítica no es que la Asamblea deba resolver el rescate —eso le toca a la Fuerza Armada y al Ejecutivo—. La crítica es que el poder que autorizó la misión no ha asumido ninguna responsabilidad política sobre ella.

Y el contraste es revelador. Esta misma Asamblea sí sabe emitir pronunciamientos cuando el Ejecutivo los necesita: condenó "actos vandálicos" en el consulado de Long Island, se pronunció sobre la salida del PARLACEN, ha hablado de la Corte de Cuentas. El diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara incluso compartió el video de los militares orando antes de abordar el vuelo a Haití. Pero compartir un video en redes no es un pronunciamiento institucional.

Hablar cuando el guion lo pide, callar cuando la responsabilidad pesa: eso es lo que revela el silencio.


Un mínimo exigible

No hace falta grandilocuencia. Bastaría con que la Asamblea:

- Emitiera un pronunciamiento formal de respaldo a los cuatro retenidos y a sus familias.

- Citara al ministro de Defensa a explicar el operativo, las condiciones de la misión y los protocolos de rescate.

- Exigiera un informe periódico del Ejecutivo sobre el avance de la búsqueda.

- Reconociera públicamente que la ley que aprobó tiene vacíos que ahora se pagan caro.

La misión en Haití fue una decisión legislativa, no solo presidencial. La Asamblea la autorizó con prisa, sin números, sin candados y sin debate profundo. Ahora que cuatro salvadoreños están en manos de pandillas a miles de kilómetros, el mínimo es que el mismo órgano que los mandó levante la mano y diga algo.