9/11/2026 -En una reciente intervención pública, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, reconoció hoy abiertamente que el alcance del régimen de excepción en El Salvador se ha extendido más allá de su propósito original de combatir estructuras pandilleriles. Según la funcionaria, la medida ahora se emplea para atender denuncias vecinales y casos de violencia intrafamiliar, permitiendo detenciones inmediatas bajo este marco de emergencia.
Durante una alocución pública en la Asamblea Legislativa, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, hizo una reveladora declaración sobre la aplicación actual del régimen de excepción, una herramienta constitucional aprobada originalmente para suspender garantías fundamentales en el marco de la "guerra contra las pandillas".
La funcionaria destacó que la normativa ha mutado en su uso cotidiano, abarcando la resolución de altercados domésticos y de violencia de género:
"Yo quiero hacer un paréntesis y aprovechar este micrófono. En el que ahora el régimen de excepción ya no solo es por por violencia de las maras, también sino que cualquier vecino, si hay un grito en una casa, en una vivienda, puede pedir ayuda. Para parar y piden ayuda cuando escuchan o ven que alguien está maltratando a una mujer", expresó Sol.
La ministra enfatizó la inmediatez de las actuaciones policiales amparadas bajo este régimen especial ante situaciones de violencia contra la mujer:
"Ahora no, con una llamada van y agarran al hombre maltratador y eso es algo que tenemos que reconocerlo en El Salvador. Y una vez más decirle a la mujer salvadoreña que no se tienen que dejar de ningún hombre maltratador y que lo denuncien", añadió.
Si bien la protección de las mujeres frente a la violencia intrafamiliar constituye una prioridad legal y social, la utilización de un régimen de excepción —que suspende derechos constitucionales básicos como el debido proceso y la presunción de inocencia— para gestionar delitos de carácter común y conflictos vecinales genera diversas lecturas en el debate público sobre el rol de las instituciones ordinarias de seguridad y justicia en el país.
