5/11/2026 - Jéssica Amanda Solís tenía 42 años, venía de Los Solises, un cantón de Nueva Concepción, Chalatenango, y había llegado al Centro Histórico de San Salvador a comprar medicamentos para su padre enfermo. A la 1:25 de la tarde del 6 de noviembre de 2025 se detuvo junto a su hermana a tomarse una fotografía frente al Palacio Nacional, sobre la Avenida Cuscatlán. No escuchó la detonación: su hermana la vio caer. La bala le atravesó el cuello.
Un año después, el soldado señalado de disparar el fusil que la mató no ha enfrentado un juicio oral. El proceso duerme en un juzgado de paz, bajo reserva total, y la única persona que sigue tras las rejas por este crimen es una vendedora ambulante que no disparó.
La escena que se borró
El disparo salió de un arma larga portada por un militar destacado en la zona, uno de los puntos más vigilados del país: el mismo escenario de las tomas de posesión de Nayib Bukele y de la propaganda de su partido.
En menos de una hora, el cadáver fue retirado y la acera se lavó con detergente. En la pared quedó un agujero que alguien intentó tapar. El protocolo de la Fiscalía para muertes violentas de mujeres exige preservar la escena; aquí no quedó ni la mancha.
La Policía Nacional Civil (PNC) no contó el hecho como homicidio en su reporte diario. Lo clasificó como “accidente”. Cerca de la medianoche, diez horas después, identificó al responsable: el soldado Derman Fernando Jorge Benítez, quien según la versión oficial accionó el arma de forma involuntaria y “confesó” los hechos. La Fuerza Armada pidió disculpas a la familia y prometió una compensación de 200.000 dólares “como muestra de solidaridad y responsabilidad”.
El delito imputado es homicidio culposo, artículo 132 del Código Penal: entre dos y cuatro años de cárcel. Es decir, la muerte de una mujer en el corazón del proyecto insignia del Gobierno quedó contabilizada como un accidente y no como un homicidio en las estadísticas que sostienen el discurso de “cero homicidios”.
La presa equivocada
A las 4:30 de la tarde, tres horas después del crimen, Silvia Verónica Hernández se bajó de un autobús de la ruta 1 con su hija de cuatro años. Venía de un cantón de Santo Tomás a comprar un saco para la fiesta de aniversario de su iglesia. Cuatro policías la detuvieron frente a la Catedral. La razón: los tatuajes que lleva en el pecho y la espalda con los nombres de sus hijos.
Silvia tiene 32 años, cuatro hijos y toda la vida vendiendo fruta, verduras o gorros en los alrededores del Mercado Central. La noche anterior había estado en vigilia. A la hora del disparo dormía en su casa de lámina y bahareque. Tiene solvencia policial y tres cartas de pastores que la describen como madre soltera y capellán ad honorem. Nada de eso le sirvió.
La Policía la presentó como “la principal sospechosa”. Su pareja, Julio Barrera, llegó con su documento de identidad a explicar que los tatuajes no la vinculan a ninguna pandilla. La respuesta, según relató a El Faro: “apártese, no se meta en esto porque sino hasta a usted lo vamos a llevar”.
Silvia fue trasladada a bartolinas del régimen de excepción y luego al penal de Apanteos, en Santa Ana. Nueve meses después del crimen seguía detenida, sin audiencia, sin explicación judicial, con una defensora pública que su familia no logra localizar. “Yo esperaba que después que se había esclarecido lo del soldado, ella saliera”, dice Julio. “Dicen que hoy las audiencias son agrupaciones… para eso puede tardar hasta más de un año”.
Un aniversario sin juez
El 24 de noviembre de 2025, 18 días después de la muerte, la Fiscalía presentó el requerimiento contra el soldado en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. Ese mismo día el juzgado confirmó que no había fecha para la audiencia inicial. Un año después, no se conoce una fijada, y tampoco si se practicó alguna pericia al arma o si existen entrevistas que sostengan la tesis del accidente.
El 25 de noviembre de 2025, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas pusieron una ofrenda floral en el sitio donde Jéssica cayó y exigieron justicia. Denunciaron que su muerte es “la expresión máxima de la violencia patriarcal, feminicida y estatal” y consecuencia de la militarización del espacio público. Las autoridades tampoco la registraron como feminicidio.
“Este muchacho que lo hizo me quitó todo lo que yo tenía”, dijo la madre de Jéssica a un canal local. Sobre los 200.000 dólares, contó que nadie del Gobierno se había comunicado con la familia y que quizá se trataba de “mentiras”.
El "país más seguro", contado de otra forma
El caso de Jéssica no es una excepción estadística. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) documentó 21 feminicidios entre enero y septiembre de 2026, 12 de ellos atribuidos a parejas o exparejas, y 26 en todo 2025, frente a 38 en 2024. Lo hace por monitoreo de prensa porque el Gobierno dejó de publicar datos oficiales desagregados.
“Sigue habiendo seguridad, pero hay poblaciones con menos protección y prioridad para el Estado”, advirtió una especialista consultada por La Brújula. Cuando una muerte se trata como accidente y no como crimen de odio, la investigación pierde líneas, prueba y fuerza.
A Jéssica la enterraron dos días después en el cementerio El Embarcaje, en Nueva Concepción. A Silvia la siguen esperando cuatro niños y una madre que vende cebollas desde las cuatro de la mañana y que, además, enfrenta un desalojo del Centro Histórico. Al soldado, un juzgado que todavía no le pone fecha.
Un año, una bala, dos mujeres arruinadas y ningún juicio.
