3/6/2026 - El balance de las promesas de Nayib Bukele ha sido un tema central de debate en El Salvador, particularmente al analizar la transición entre sus administraciones y sus planes de gobierno (como el Plan Cuscatlán).
Mientras que su gestión ha alcanzado metas notables y de alta prioridad pública en el área de seguridad ciudadana (con la desarticulación de las pandillas y la reducción histórica de homicidios), diversas auditorías periodísticas y centros de investigación señalan que un número importante de promesas en infraestructura, economía y transparencia continúan pendientes o fueron revertidas.
Infraestructura y grandes proyectos de conexión
La mayor cantidad de ofertas no ejecutadas o rezagadas se concentra en el sector de obras públicas y transporte masivo:
El Tren del Pacífico y el Metro del Área Metropolitana: Se prometió un sistema de transporte ferroviario y líneas de metro que conectarían puntos clave como San Salvador con Santa Tecla, Apopa/Nejapa y San Marcos, proyectos que no se han materializado.
Aeropuerto del Pacífico (La Unión): Planteado para dinamizar la zona oriental del país, su construcción a gran escala sigue pendiente.
El Ferry Regional: Diseñado originalmente para el transporte de mercancías y la conectividad logística en el Golfo de Fonseca de forma continua.
Reubicación de infraestructuras mayores: Se contemplaba la reubicación del Mercado de Mayoreo (La Tiendona) y del Centro de Gobierno, iniciativas que no se ejecutaron.
Transparencia y combate a la corrupción
La CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador): Fue la promesa insignia de su campaña de 2019. Aunque se instaló inicialmente con apoyo de la OEA, el Ejecutivo rompió el convenio de forma unilateral en junio de 2021 tras conocerse que la comisión había enviado avisos de posibles irregularidades en carteras de Estado a la Fiscalía.
Eliminación de la Partida Secreta: Bukele prometió erradicar los gastos reservados de la Presidencia. Sin embargo, investigaciones presupuestarias han señalado que estos fondos siguieron siendo asignados bajo otras denominaciones en la partida de la Casa Presidencial.
Comisionado Anticorrupción de la Oposición: Se ofreció nombrar a un fiscalizador de la gestión pública propuesto formalmente por los partidos de oposición, compromiso que nunca se concretó.
Economía y Alivio Fiscal
A pesar de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y la promoción de la tecnología, diversos compromisos de alivio directo a la población vulnerable quedaron relegados:
Exoneración del IVA: Se prometió quitar el pago del IVA a las 100,000 familias más necesitadas del país, así como un IVA diferenciado (menor) para la canasta básica y los medicamentos de consumo popular.
Crecimiento Económico: El Plan Cuscatlán proyectaba tasas de crecimiento económico sostenido del 4% anual, una meta que el país no ha logrado mantener de manera regular, enfrentando retos en la atracción de inversión extranjera directa fuera del sector turismo.
Reforma Integral de Pensiones: Aunque se aprobó una reforma en 2022, sectores de trabajadores y sindicatos señalan que sigue pendiente una transformación estructural que garantice pensiones dignas y elimine por completo el control de las AFP bajo criterios de rentabilidad social.
Educación y Desarrollo Social
Presupuesto y Modernización de la UES: Durante la campaña de 2018, Bukele prometió un incremento presupuestario histórico para la Universidad de El Salvador (UES) y la modernización nocturna de sus bibliotecas. Al contrario, la universidad pública ha denunciado constantes retrasos e impagos en las transferencias presupuestarias por parte del Ministerio de Hacienda.
Promesas con sectores vulnerables (Excombatientes y Veteranos): Organizaciones del sector de veteranos de guerra han reclamado el incumplimiento de promesas suscritas, que incluían la construcción de un hospital de especialidades médicas exclusivo para ellos y programas fluidos de transferencia de tierras.
Mientras los mal llamados partidos de "oposición" y los observadores independientes enfatizan estas deudas en infraestructura y transparencia, el oficialismo argumenta que las prioridades del Estado debieron reconfigurarse para enfrentar eventos extraordinarios (como la pandemia de COVID-19) y para financiar por completo la estrategia de seguridad nacional, la cual consideran la base indispensable antes de ejecutar el resto de las promesas económicas.
Dicha sea de paso, durante la pandemia de COVID-19, diversos medios de comunicación investigaron un sinnúmero de casos de corrupción, sin que hasta la fecha, la Fiscalía General de la Repúblic (FGR) se haya tomado la tarea de investigar a los funcionarios públicos.
