15/6/2026 - Mientras el calendario oficial marca que las elecciones concurrentes (presidenciales, legislativas y municipales) se celebrarán hasta el domingo 28 de febrero de 2027, el espectro radioeléctrico, las plataformas digitales y las calles de El Salvador gritan una realidad paralela. 

La carrera electoral ya comenzó, las banderas ya ondean y las promesas de campaña saturan el día a día. Sin embargo, en el cubículo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reina una alarmante tranquilidad. La institución, constitucionalmente llamada a ser el árbitro supremo de la democracia, parece haber optado por un rol mucho más dócil: el de un espectador pasivo que prefiere acumular folios antes que ejercer autoridad.


La burocracia del archivo contra la velocidad del algoritmo

Representantes del organismo y sus unidades de monitoreo suelen escudarse en la métrica de los expedientes. Con más de un centenar de carpetas "en estudio" o enviadas a inspección por presunta propaganda anticipada, el Tribunal intenta simular dinamismo. No obstante, en la práctica, un expediente en estudio es el equivalente institucional a mirar hacia otro lado.

El artículo 81 de la Constitución salvadoreña es tajante: la propaganda electoral solo se permite dos meses antes para diputados y tres meses antes para la presidencia. Cualquier llamado al voto o promoción de imagen fuera de esos límites es ilegal.

Hoy, la ley se viola con total impunidad a través de vacíos legales ensayados y técnicas de posicionamiento continuo. 

Los funcionarios e institutos políticos —con una abrumadora ventaja de recursos por parte del partido oficialista, pero con malas prácticas replicadas en menor escala por la oposición— no necesitan pedir el voto explícitamente para condicionar al electorado. Les basta con la sobreexposición de su imagen, la inauguración de proyectos con narrativa electoral y pautas masivas en redes sociales.

Ante este fenómeno moderno y agresivo, el TSE responde con procesos del siglo pasado: comisiones lentas, deliberaciones eternas y una evidente renuencia a imponer las sanciones correspondientes, las cuales, según la normativa, contemplan incluso la inhabilitación de candidaturas para las elecciones de 2027.


¿Pasividad por impotencia o por conveniencia?

La pregunta de fondo que la ciudadanía debe hacerse es si esta parálisis responde a una falta de herramientas jurídicas o al temor reverencial hacia el poder político de turno. El argumento de que "las redes sociales no están totalmente reguladas" o que "las vallas publicitarias no configuran formalmente campaña si no llevan la palabra 'vota'" ya no se sostiene. Es falta de voluntad política.

Al negarse a actuar de oficio con golpes de autoridad reales —como ordenar el retiro inmediato de propaganda o sancionar de forma ejemplar a los infractores—, el TSE está enviando un peligroso mensaje: en El Salvador, violar los plazos de la ley electoral sale gratis.

Esta complicidad por omisión fractura el principio de equidad. Cuando la campaña oficial inicie a finales de 2026, las condiciones de competencia estarán totalmente distorsionadas. Quienes respeten la ley jugarán en desventaja frente a aquellos que llevan meses autopromocionándose bajo la mirada indiferente de los magistrados.


El costo de un tribunal ausente

Un árbitro que no pita las faltas evidentes pierde el respeto de los jugadores y del público. Si el TSE continúa procesando la campaña adelantada a paso de tortuga, cuando decida emitir una resolución, los ganadores ya habrán tomado posesión de sus cargos en junio de 2027.

La pasividad del Tribunal Supremo Electoral no es neutralidad; es dejar hacer y dejar pasar. Mientras sigan administrando el silencio en lugar de garantizar la legalidad, el proceso hacia 2027 avanzará cojo, bajo la sombra de un arbitraje de paja que cedió su autoridad a la conveniencia del momento político.

Para profundizar en el impacto del monitoreo institucional ante estas faltas, el reporte de prensa de TSE analiza expedientes por denuncias de campaña anticipada detalla la acumulación de casos y las posibles implicaciones legales de cara a los próximos comicios.