29/7/2026 - Un recorrido documental por auditorías de la Corte de Cuentas y reportajes periodísticos sobre compras de emergencia por COVID-19, opacidad presupuestaria, uso proselitista de fondos sociales y conflictos de interés. 

Resumen ejecutivo de la investigación

Entre finales de 2019 y mediados de 2020 —durante el primer año de mandato del presidente Nayib Bukele y los meses de mayor gasto estatal motivado por la pandemia de la COVID-19— diversas investigaciones periodísticas (publicadas por El Faro, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Revista Factum, Gato Encerrado y El Liberal) e informes formales de la Corte de Cuentas de la República (CCR) revelaron un conjunto de irregularidades y falta de transparencia en la administración pública.

Estos son sólo algunos de los centenares de casos que la fiscalía se ha negado a investigar y darle la respectiva explicación a los salvadoreños.


1. Compras sanitarias y gestión de la pandemia (COVID-19)

Bajo el paraguas de las contrataciones directas por la emergencia sanitaria, se registraron severas anomalías financieras y sobreprecios:

Insumos médicos a distribuidoras de repuestos automotrices: En junio de 2020, el Ministerio de Salud (MINSAL) adjudicó $11.9 millones en mascarillas y gabachones a una empresa en España cuya actividad comercial principal era la venta de repuestos para automóviles.


Adjudicaciones directas a familiares y funcionarios: 

El ministro de Salud, Francisco Alabí, adquirió $250,000 en máscaras protectoras a una empresa vinculada a la familia de Jorge "Koky" Aguilar (entonces presidente de FONAES) y $225,000 a la empresa Autodo S.A. de C.V., representada por la esposa de su tío.  

Socios y empleados del viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya, vendieron al Estado $750,000 en protectores faciales a través de la firma SYGM Asesores.  

El MINSAL compró $344,000 en mascarillas a una empresa fundada por el diputado Gustavo Escalante y su familia, caso que fue elevado al Tribunal de Ética Gubernamental. 

Sobreprecios comprobados: Se documentó un sobreprecio de $1.3 millones (65% por encima del precio base) en la compra de un millón de mascarillas Respitec guatemaltecas, así como adquisiciones del Ministerio de Trabajo con recargos del 33%.


2. Desviación de recursos públicos con fines político-electorales

Diversos reportajes en profundidad señalaron la utilización de bienes agrícolas e insumos alimentarios estatales para beneficiar a precandidatos y estructuras territoriales del partido oficialista Nuevas Ideas:

Caso Panchimalco: Granos y abono del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fueron acopiados en inmuebles vinculados a la estructura del partido oficialista.  

Bodegas en Suchitoto: El MAG almacenó paquetes agrícolas en la residencia particular de Noel Vásquez Villatoro, semanas antes de que este oficializara su precandidatura a alcalde.  

Contrataciones con empresas cuestionadas: El MAG distribuyó atún de la marca mexicana B-Eminent (catalogada como empresa fantasma por el SAT mexicano por simulación de operaciones) y compró $9.2 millones en alimentos a la empresa brasileña M. Dias Branco, salpicada por el escándalo de corrupción internacional Lava Jato.


3. Opacidad presupuestaria, donaciones y subsidios

Las auditorías e inspecciones de la Corte de Cuentas de la República (CCR) tropezaron con bloqueos de información y reserva documental:Falta de registro de $530 millones de México: No se presentaron registros detallados del destino y uso de los $530 millones donados por el Gobierno de México. 

Reparto de subsidios sin criterios claros: La CCR concluyó que el Ejecutivo repartió $30 millones a más de 100,000 familias bajo criterios desglosados e indeterminados.  

Opacidad en donaciones internacionales: La CCR identificó más de $544.7 millones en donaciones e insumos almacenados sin inventario ni cuantificación exacta en bodegas estatales (como CEL y MOP). 


Nepotismo, plazas dobles y conflictos de interés

Doble plaza en Presidencia: El Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, admitió ejercer su cargo principal "ad honorem" mientras devengaba un salario de $8,000 mensuales mediante una plaza no especificada en el presupuesto.  

Plazas e incentivos a familiares: Revelaciones sobre la entrega de créditos en BANDESAL a familiares de la Comisionada Presidencial Carolina Recinos, así como la contratación de 137 plazas en el Ministerio de Trabajo con un costo de $1.8 millones para allegados y familiares de funcionarios.  




Y la lista de casos continúa.......