30/7/2026 - Durante los últimos siete años, la gestión de las finanzas públicas en El Salvador ha experimentado una transformación drástica. Tras una narrativa oficial centrada en la eficiencia técnica y la innovación económica, analistas fiscales, organizaciones de la sociedad civil y periodismo de investigación han documentado un patrón marcado por la opacidad institucional, el desvío de partidas presupuestarias y apuestas financieras de alto riesgo sin rendición de cuentas.
Lo que en el discurso gubernamental se presenta como "inversión histórica", en la práctica ha consolidado una dinámica donde el acceso a la información presupuestaria pasó de ser una garantía constitucional a una excepción.
1. La opacidad como política de Estado
El sello distintivo de la administración pública en este septenio ha sido el uso sistemático de la reserva de información. Al amparo de declaratorias de emergencia y reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), las auditorías independientes han encontrado un muro infranqueable:
- Compras pandémicas y de infraestructura: Contratos multimillonarios adjudicados durante la emergencia del COVID-19 y la construcción de megaobras viales o penitenciarias fueron catalogados como información reservada por plazos de hasta siete años.
- Gastos secretos e indiscrecionales: Se constató el incremento y reserva de partidas de gastos en la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, donde la contratación de asesores, personal técnico y presupuesto operativo se ha gestionado al margen de la fiscalización ciudadana.
- Reservar los planes de gasto, contrataciones e indicadores financieros no solo vulnera el derecho de la ciudadanía a saber cómo se invierten sus impuestos, sino que abre la puerta a arbitrariedades estructurales", informe de Organizaciones de Transparencia Fiscal.
2. El experimento bitcoin y la reorientación de fondos
Uno de los hitos más cuestionados ha sido la implementación del bitcoin como moneda de curso legal y la asignación de recursos públicos para respaldar esta medida.
Investigaciones periodísticas internacionales revelaron que millones de dólares provenientes de préstamos destinados originalmente a la reactivación económica de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) fueron reorientados a través de partidas generales para fondear el fideicomiso del proyecto cripto y la infraestructura de la billetera estatal Chivo Wallet.
Pérdidas acumuladas y costos de oportunidad: Con la caída del precio del bitcoin (más del 60% desde su pico, la inversión estatal registró pérdidas estimadas en más de 36 millones de dólares. Economistas como Ricardo Castaneda y Tatiana Marroquín explicaron que estos recursos habrían bastado para financiar de forma continua programas de pensión universal para adultos mayores en situación de pobreza.
Opacidad en las compras estatales: El presidente Nayib Bukele realizó los anuncios de adquisición de bitcoin de forma informal en Twitter, administrando las inversiones de manera similar a un inversor privado especulativo sin rendir cuentas ni detallar los procesos de auditoría pública.
Riesgo de default y negociaciones con el FMI: El informe detalla la presión del vencimiento de 800 millones de dólares en bonos. Un eventual acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere revertir la ley que convirtió al bitcoin en moneda de curso legal, una condición que el gobierno mantuvo bloqueada.
Opciones limitadas de financiamiento: Ante el elevado riesgo país, el gobierno optó por buscar vías de crédito en organismos de desarrollo regional como el BCIE o el CAF, al tiempo que se frenó el plan de emitir bonos respaldados en bitcoin para proyectos como Bitcoin City
3. Endeudamiento y sostenibilidad a futuro
El incremento constante de la deuda pública y la dependencia de títulos valores en el mercado local han elevado las alarmas de calificadoras de riesgo y organismos multilaterales.
La falta de un plan de consolidación fiscal claro, sumada a la opacidad en el uso de los fondos, ha condicionado las finanzas estatales a refinanciamientos costosos y a una mayor presión sobre el presupuesto general de la nación.
El balance de estos siete años refleja que la discrecionalidad presupuestaria no solo debilita la institucionalidad, sino que traslada el costo fiscal del endeudamiento directo a la población trabajadora mediante recortes en servicios básicos esenciales y un mayor costo de la vida.
Para profundizar en el debate económico sobre las implicaciones del uso de fondos estatales en criptoactivos y sus riesgos de liquidez, puede consultar el análisis especializado en este informe sobre el riesgo de default e impacto financiero. Este contenido es relevante porque detalla los dilemas de sostenibilidad fiscal que ha enfrentado el país a raíz de sus decisiones de inversión pública.
