4/7/2026 - Una delegación de la Misión Internacional de Juristas presentó hoy un informe preliminar sumamente preocupante respecto a la situación del Estado de Derecho, el ejercicio de la abogacía y la defensa de los derechos humanos en El Salvador.
La comitiva, integrada entre otros profesionales por Begonia López Anguita —magistrada y representante de la asociación judicial española Juezas y Jueces para la Democracia—, señaló que tras cinco días de recopilación de información, se detectan alarmantes deficiencias en las garantías legales del país.
La misión detalló que, previo a su llegada, solicitó formalmente audiencias con instituciones clave del Estado salvadoreño, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PD.DH.), la Procuraduría General de la República (PGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, confirmaron que hasta el momento del balance "no obtuvieron respuesta alguna por parte de las autoridades oficiales".
Interferencia del Ejecutivo y pérdida de independencia
Entre los hallazgos principales, los juristas denunciaron una evidente interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, lo que ha provocado un resquebrajamiento de la independencia de los jueces.
El colectivo de experto judiciales apuntó una serie de graves ilegalidades:
La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
El establecimiento de plazos limitados en los nombramientos de los juzgadores.
La jubilación obligatoria impuesta en 2021 a los miembros de la judicatura con más de 60 años de edad o 30 años de servicio.
El traslado forzoso y la separación de aquellos jueces que han mantenido posturas críticas frente a las decisiones gubernamentales.
Audiencias masivas: un obstáculo para la defensa
El informe hizo especial hincapié en la degradación sistemática de las garantías procesales mínimas, enfocándose en la implementación de audiencias masivas dentro del sistema penal salvadoreño.
Según explicaron los portavoces de la misión, en los procesos penales actuales se ejecutan audiencias en las que se juzga simultáneamente a grupos de 30, 60 e incluso hasta 600 personas.
"En una audiencia masiva es imposible la individualización de los hechos, lo cual es fundamental para saber de qué te tienes que defender", enfatizaron los juristas, añadiendo que si el procesado desconoce los cargos exactos en su contra, el derecho a la defensa se vuelve nulo.
Asimismo, se criticó que la labor de los abogados defensores ha quedado severamente limitada, careciendo de espacios reales para concretar una defensa individualizada.
Los juristas alertaron sobre la existencia de casos donde un único defensor público asume la representación de cientos de imputados a la vez, en situaciones que podrían derivar en un evidente conflicto de intereses. Denunciaron también que la tipificación de los delitos y los hechos investigados sufren modificaciones constantes desde el arresto policial inicial hasta las audiencias finales, dejando en indefensión a los procesados.
Otras vulneraciones detectadas
El balance de la delegación internacional recopiló además una serie de prácticas que profundizan la crisis jurídica en el país, tales como:
Detenciones arbitrarias y un uso abusivo de la prisión provisional.
Retrasos injustificados en la resolución de los recursos de habeas corpus.
Admisión de denuncias anónimas y falta de motivación legal para dictar detenciones o prórrogas.
Ocultamiento de información a familiares y defensores de las personas privadas de libertad, sumado al uso injustificado de la reserva total de los casos.
Demoras o negligencia en la entrega de las notificaciones de las cartas de libertad.
La Misión Internacional de Juristas concluyó informando que continuará evaluando de manera imparcial el desarrollo de la situación y que verterá de manera detallada todos estos hallazgos en un informe final extendido que será publicado a lo largo de los próximos meses.
