6/8/2026 - La tensión entre los poderes es una constante en los sistemas presidenciales de América Latina, pero no se había visto con tanta fuerza en Costa Rica, la otrora "Suiza de América Latina".

Desde que Rodrigo Chaves asumió su mandato como presidente en 2022 esto ha cambiado. Ahora ejerce como ministro de la Presidencia y de Hacienda bajo la nueva presidenta, Laura Fernández, e imprime el mismo curso a la política de la mandataria. Se ha podido observar una preferencia por la acción disruptiva para lograr las decisiones anheladas: primero, con respecto a la Asamblea Legislativa; posteriormente, contra las instancias de bienestar, como la Caja Costarricense de Seguro Social; y últimamente, contra las instancias del Estado de Derecho.


El encanto de la disrupción

El expresidente Chaves, una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los  cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia.

En la última década, se han dado claros signos del desencanto de la población hacia este acervo institucional y un clamor para lograr una mayor efectividad en la prestación de servicios y reducir la excesiva burocracia. En esta ola de creciente animadversión supo colocarse Chaves, con gran capacidad para manipularla en beneficio de su interés de aumentar el control personal sobre las instituciones desde la presidencia del país.

Un nuevo momento en este proceso se produjo durante su discurso en los actos del 25 de julio en Nicoya, donde preguntó a la gente congregada si les daba miedo una dictadura o el cierre del Poder Judicial. Con la aclamación del público presente, que negó tener miedo al respecto, se inició un nuevo ciclo de confrontación con las instancias judiciales, que se gestó con el interés de afectar especialmente a la Sala Constitucional (Sala IV) y deslegitimar al Poder Judicial.


El control constitucional

Desde 1989, la Sala Constitucional es el órgano encargado de tramitar los recursos de amparo y las acciones de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales. Para los ciudadanos, es un instrumento fundamental, ya que garantiza una respuesta rápida y gratuita (además, no es necesario contar con un abogado) para frenar los abusos del Estado o de particulares.

Sus decisiones se dirigen contra la discriminación, la falta de acceso a la salud, las restricciones a la libertad de expresión y las demoras graves en los trámites del Estado. Además, tiene el monopolio de revisar la constitucionalidad de las leyes aprobadas o por aprobar en la Asamblea.

Que los otros dos poderes respeten sus fallos se encuentra hoy en duda. Ha surgido un conflicto de intereses entre los poderes que tiene ahora un desenlace conflictivo: desde diciembre de 2025, la Sala Constitucional tiene nueve plazas vacantes de magistrados suplentes que no han podido cubrirse, ya que la Asamblea, en sus 11 rondas de votaciones, no ha logrado reunir la mayoría suficiente de 38 votos para elegirlos. La fracción oficialista, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha bloqueado sistemáticamente cualquier nombramiento.

El resultado ha sido la acumulación de causas en la Sala por falta de suplentes, en detrimento de los usuarios de la administración de justicia. Esta mora legislativa es atribuible al bloqueo del PPSO para contribuir a resolver esta situación con sus votos. Con el objetivo de superar la parálisis en el trabajo de la Sala Constitucional, una mayoría de los magistrados ha reaccionado en defensa de los derechos de los ciudadanos.


La decisión de la Sala Constitucional y la querella judicial

Con su reciente decisión, la Corte ha dado un paso adelante y ha prorrogado el mandato de los magistrados suplentes cuyo nombramiento ha expirado, hasta que el Poder Legislativo cumpla con su deber y elija a los nuevos.

La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar: la presidenta del país, Laura Fernández, acusó a la Corte de perpetrar un "golpe de Estado" por parte de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa. Ella sostuvo que la Sala Constitucional asumió competencias que, según afirmó, corresponden exclusivamente al Congreso. Desde entonces, la disputa judicial ha continuado, ya que el Ejecutivo y la presidenta de la Asamblea presentaron una querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por presunto prevaricato.

El debate se centra ahora en si la decisión de la Corte encaja en esa figura penal, y en si las decisiones de la Sala IV son apelables. Además, se debate la decisión del Ejecutivo de no financiar adecuadamente al Poder Judicial, negándole un presupuesto que apenas correspondería al 4,6 por ciento del presupuesto nacional.


Texto de nota tomado de:  https://www.dw.com/