31/8/2026 - Cuando en enero de 2022 el gobierno de Nayib Bukele firmó su primer contrato con el argentino Damián Merlo, pocos imaginaban que ese acuerdo se convertiría en una de las relaciones más costosas y opacas de la diplomacia salvadoreña.
Lo que comenzó como un "servicio de cabildeo" por 300.000 dólares semestrales se ha transformado, según documentos a los que ha tenido acceso El Faro, en un desembolso total de más de 2,2 millones de dólares en menos de tres años, pagados con fondos públicos de uno de los países más endeudados de la región.
65.000 dólares mensuales por "enviar correos"
La cifra resulta escandalosa hasta para los estándares del lobby en Washington. Merlo —ciudadano estadounidense nacido en Barcelona de padres argentinos— cobra 65.000 dólares mensuales (780.000 anuales) por servicios que, según los registros del Departamento de Justicia de EE.UU., incluyen desde "enviar correos electrónicos y realizar llamadas" hasta organizar reuniones con políticos del ala más radical del Partido Republicano.
En solo tres meses —entre abril y junio de 2023— su empresa Latin America Advisory Group facturó 325.000 dólares al Estado salvadoreño. El contrato, firmado por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, secretaria privada de Bukele, comprometió inicialmente 390.000 dólares por seis meses de labores.
El oscuro mecanismo de pago
El escándalo no termina en la cuantía. Lo más preocupante es el mecanismo opaco diseñado para ocultar estos pagos. Desde junio de 2025, los desembolsos a Merlo no provienen directamente de la Presidencia, sino de CLEA, una subsidiaria privada de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), la empresa estatal de energía eléctrica de El Salvador.
Esta estructura permite eludir las leyes de transparencia y acceso a la información pública, ya que CLEA, al ser una sociedad anónima privada, no está obligada a rendir cuentas sobre sus gastos. Como señala El Faro, se trata de un "pago secreto" que utiliza recursos de una empresa pública de servicios básicos para financiar la imagen personal del presidente en el extranjero.
¿Qué devuelve El Salvador a cambio?
La pregunta obligada es: ¿qué obtiene el país sudamericano a cambio de semejante inversión? Según los registros de lobby, Merlo se ha dedicado principalmente a acercar a Bukele a círculos republicanos de extrema derecha, particularmente adherentes al movimiento MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump.
Fotografías publicadas en redes sociales muestran a Merlo junto a figuras como Matt Schlapp —presidente de la Conservative Political Action Conference (CPAC)— y su esposa Mercedes, exdirectora de comunicaciones de Trump. También asistió a la toma de posesión ilegal de Bukele en 2024 Donald Trump Jr., hijo del expresidente estadounidense.
Sin embargo, críticos como el exdiplomático Rubén Zamora advierten que Bukele está utilizando fondos públicos para su propia imagen, no para beneficiar a El Salvador. La estrategia, lejos de fortalecer relaciones diplomáticas institucionales, parece orientada a construir una narrativa personalista que resalte al mandatario en medios conservadores estadounidenses.
Un pasado que incomoda
El currículum de Merlo incluye episodios que deberían haber encendido alarmas. En 2022, la revista Interferencia de Chile reveló que un alto oficial de policía salvadoreño que trabaja para Merlo —y con quien comparte departamento cuando viaja a San Salvador— declaró que el lobista le había "regalado un carro, armas y dinero".
Además, Merlo aparece vinculado al escándalo de los hermanos Martinelli Linares en Panamá, acusados de lavado de dinero y blanqueo de capitales. Según publicaciones en redes sociales, fue Merlo quien intercedió para que Bukele recibiera a los investigados en El Salvador.
La paradoja del "gobierno transparente"
La contratación de Merlo representa una paradoja flagrante para un gobierno que se autodenomina "transparente" y que ha justificado medidas autoritarias en nombre de la "lucha contra la corrupción". Mientras Bukele elimina el CICIES —el mecanismo internacional contra la impunidad— y concentra poderes en su persona, destina millones de dólares de recursos públicos a un operador de imagen cuyos contratos son cada vez más opacos.
La información disponible en los registros oficiales de El Salvador es nula. Ni la página de Transparencia ni los registros públicos de la Presidencia detallan las funciones específicas de Merlo ni justifican los montos desembolsados. Su salario personal ni siquiera aparece desglosado en los contratos firmados.
El costo de la vanidad presidencial
Con más de 2,2 millones de dólares invertidos en un solo lobista —y la cifra sigue creciendo— el gobierno de Bukele ha convertido la representación internacional de El Salvador en un negocio privado. Mientras el país enfrenta crisis económicas, deuda externa insostenible y recortes en servicios sociales, los fondos públicos fluyen hacia Washington para financiar cenas con políticos trumpistas y artículos favorables en medios conservadores.
Damián Merlo, el argentino que vende la imagen de Bukele en los pasillos del poder estadounidense, se ha convertido en el símbolo de una diplomacia de bolsillo, donde la representación nacional se subasta al mejor postor y los intereses del país se confunden con los del mandatario de turno.
En El Salvador, la pregunta ya no es cuánto cuesta el lobby. Es si los salvadoreños están dispuestos a seguir pagando la factura.
