11/8/2026 - El economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, advierte que la sostenibilidad del sistema de pensiones en El Salvador enfrenta un escenario crítico de deudas que rozan el 90% del PIB, cuyas soluciones estructurales —como el aumento de las edades de jubilación o de la tasa de cotización— han sido postergadas para evitar el costo electoral.

En el análisis sobre la coyuntura económica y fiscal del país para el próximo ciclo, el debate sobre el sistema de pensiones vuelve a situarse como una de las bombas de tiempo más complejas de gestionar. Durante una entrevista en el programa La Tribu FM, el reconocido economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Acevedo, expuso con severidad la encrucijada financiera que atraviesa el esquema previsional salvadoreño y los motivos por los que las reformas requeridas no se han presentado formalmente.

De acuerdo con las proyecciones y datos citados por el expresidente del BCR a partir de informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda del sistema de pensiones no solo se limita a los compromisos acumulados, sino al costo de largo plazo necesario para saldar las obligaciones con los futuros jubilados:

Deuda emitida: Se calcula que la deuda de pensiones ya emitida representa un 30% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pasivo actuarial: El pasivo actuarial proyectado —el costo estimado para cubrir el pago de pensiones en un horizonte a 70 años (hacia el 2070)— asciende a otro 60% del PIB.

Carga consolidada: Sumando ambos factores, la deuda global vinculada al sistema de pensiones alcanza un escalofriante 90% del PIB.


"Medicina amarga": aumentar la edad de retiro y las cotizaciones

Frente a una magnitud de deuda de esta escala, Acevedo remarcó que las alternativas técnicas para dar sostenibilidad real al sistema resultan impopulares y difíciles de asimilar para la población trabajadora.

Entre las medidas que técnicamente requeriría el país se encuentran la revisión y el eventual incremento de la edad de jubilación, así como el ajuste a la tasa de cotización (que actualmente ronda el 16% sumando los aportes patronales y de los empleados). A manera de comparación, el economista citó el caso de Uruguay —un modelo considerado sostenible a largo plazo—, donde la cotización alcanza el 21% (más dos puntos del IVA) y las edades de retiro se sitúan entre los 65 y 67 años.


El cálculo político y la complacencia del FMI

¿Por qué estas reformas no se han presentado a pesar de figurar entre los compromisos y calendarios previstos con organismos multilaterales? Según la hipótesis planteada por el expresidente del BCR, la postergación responde a un evidente cálculo de costo político previo a eventos electorales.

Presentar una reforma de pensiones con ajustes de esta magnitud representa una «medicina muy amarga» que ningún gobierno desea administrar antes de acudir a las urnas. Bajo esta perspectiva, Acevedo sugirió que habría existido una suerte de compás de espera negociado tácitamente con el FMI para posponer los anuncios más drásticos hasta contar con un panorama político despejado.

El diagnóstico planteado por Carlos Acevedo evidencia que el sistema de pensiones sigue operando bajo parches contables y sobreendeudamiento, eludiendo las reformas de fondo requeridas. Mantener en la opacidad o en la prórroga continua el ajuste actuarial únicamente incrementa la factura que, tarde o temprano, deberán pagar las finanzas públicas y las futuras generaciones de cotizantes.