25/9/2026 - Un reportaje de RFI desde el Centro de Recepción a Migrantes "La Chacra" revela la precariedad del retorno y denuncia un acuerdo secreto entre Trump y Bukele que desaparece a migrantes en prisiones de máxima seguridad.

Martes 12 de mayo de 2026, 6:00 de la mañana. La colonia La Chacra, en las afueras de San Salvador, recibe otro vuelo de deportados. Son las martes y los jueves cuando aterrizan estos aviones, procedentes de Estados Unidos, cargados con salvadoreños que dejan atrás el mal llamado "sueño americano". Lo que encuentran al bajar la escalerilla es un sobre con cinco dólares y una bolsa de plástico con implementos básicos de higiene. Con eso, el Estado salvadoreño espera que reconstruyan sus vidas.

Este es el retrato que traza el más reciente reportaje de Radio Francia Internacional (RFI), realizado por la enviada especial Angélica Pérez desde el Centro de Recepción a Migrantes "La Chacra". La investigación, publicada en el marco del "Deportation Project" —una colaboración internacional de Forbidden Stories que reúne a 23 medios—, documenta no solo la precariedad del retorno, sino una realidad más oscura: el destino incierto de decenas de deportados que nunca llegan a sus hogares.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, han aterrizado en El Salvador 239 vuelos con connacionales expulsados. Entre 2025 y 2026, más de 13.300 salvadoreños han sido deportados, el 94% desde territorio estadounidense. Las cifras representan un aumento del 90,2% en las deportaciones durante el primer trimestre de 2026, según datos oficiales.

Sin embargo, el reportaje de RFI revela que no todos los deportados siguen el camino hacia el Centro de Recepción. Un número indeterminado de ellos —al menos 36 entre marzo y abril de 2025, según documentó la investigación— desaparece en un limbo legal producto de un acuerdo migratorio secreto entre el gobierno de Trump y la administración de Nayib Bukele.


El destino del CECOT

Karen Barrera lleva más de un año buscando a su hermano Kevin Rolando Barrera Torres. "Ese mismo viernes, el nombre de mi hermano desapareció de los registros de la detención de Hidalgo, y la custodia nos informó que había sido deportado —relata—. Tendría que haber llegado el mismo fin de semana a El Salvador, pero no apareció". Su caso no es aislado.

El reportaje documenta cómo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión de máxima seguridad construida durante el régimen de excepción de Bukele, se ha convertido en destino final para deportados que nunca cometieron delitos en El Salvador. Allí permanecen incomunicados, sin cargos formales ni acceso a defensa legal, albergados como parte de un acuerdo migratorio que ambos gobiernos se niegan a transparentar.

"El CECOT se transformó en un instrumento de la política migratoria de Trump", señala la periodista Angélica Pérez en declaraciones a medios universitarios. El caso de Mario Guevara, periodista deportado tras cubrir una manifestación contra ICE en Estados Unidos, ilustra esta práctica: detenido, expulsado y canalizado al sistema penitenciario salvadoreño sin proceso judicial.


Opacidad estatal

RFI solicitó formalmente al gobierno salvadoreño el acceso al Centro de Atención al Migrante, a las prisiones del CECOT y Santa Ana, así como entrevistas con el vicepresidente y el ministro de Seguridad. No hubo respuesta. El Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco atendió las consultas del consorcio periodístico.

Esta negativa al acceso informativo contrasta con la retórica oficial sobre transparencia y refuerza las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la desaparición forzada de migrantes bajo custodia estatal.


Economía del retorno

Mientras tanto, las remesas —que representan más de la quinta parte del PIB salvadoreño— muestran señales de tensión. Aunque el Banco Central proyecta $10.458 millones para 2026, el ritmo de crecimiento se desacelera ante la reducción de migrantes residentes en Estados Unidos capaces de enviar dinero.

Los cinco dólares que recibe cada deportado simbolizan, según el reportaje, la paradoja de un país que depende económicamente de la diáspora pero ofrece migajas a quienes regresan, mientras silencia a aquellos que desaparecen en el sistema.