2/9/2026 - Para las familias salvadoreñas, abastecer la mesa de alimentos se ha convertido en un ejercicio diario de malabarismo económico. 

Mientras las cifras macro y las promesas oficiales intentan proyectar estabilidad, la realidad en los mercados y supermercados dicta un panorama drásticamente distinto: los precios continúan en una escalada sin freno.

Lo que antes requería un presupuesto de $100 para la quincena, hoy sobrepasa los $150 sin incluir productos adicionales. La carne, verduras y el pan francés han pasado de ser alimentos cotidianos a bienes medidos en porciones reducidas o lisa y llanamente descartados del consumo habitual.


Cifras que confirman el deterioro constante

Según datos citados del Banco Central de Reserva (BCR), el costo de la canasta básica familiar no ha dado tregua en lo que va del año:

Enero: $250.82 

Abril: $256.71 

Julio: $261.49


Este aumento constante refleja una pauta preocupante. De acuerdo con el economista Rafael Lemus, el costo de los alimentos registra un incremento acumulado del 31% desde 2019. En términos reales, $100 de hace unos años equivalen hoy a apenas $69 en capacidad de compra.


Factores de fondo y falta de contención

Si bien se argumentan factores externos como el alza en los combustibles, el encarecimiento de los fertilizantes y los impactos climáticos que afectan las cosechas — especialmente en granos básicos como el frijol —, la respuesta ante esta crisis sigue resultando insuficiente para aliviar el bolsillo del consumidor final.

Informes de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna advierten que un sector de la población se encuentra en estado de estrés alimentario (fase 2), mientras que zonas vulnerables, como el corredor seco, enfrentan niveles de crisis.

El incremento en el costo de la canasta básica no es una simple estadística; es una crisis silenciosa que afecta directamente la calidad de vida y nutrición de los hogares salvadoreños. En un entorno donde los insumos agrícolas y los factores climáticos continuarán presionando la oferta de alimentos, resulta urgente cuestionar la falta de medidas estructurales destinadas a proteger el poder adquisitivo de la población más vulnerable.