11/9/2026 - Mientras las inmobiliarias Global Developers y Salazar Romero promocionan sus proyectos con eslóganes de "armonía con el medio ambiente", la realidad en el cantón Montegrande cuenta una historia diametralmente opuesta: más de diez manzanas de bosque ripario han sido arrasadas, sepultando bajo toneladas de concreto no solo árboles centenarios, sino también el patrimonio arqueológico de pueblos que habitaron estas tierras milenios antes de que llegaran los "desarrolladores".

La denuncia, presentada por la Seccional Monte Grande del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA), expone la cruda realidad detrás del megaproyecto residencial "Urbanización Biarritz": una colosal operación inmobiliaria que pretende ocupar más de 200 manzanas para instalar 6,900 unidades habitacionales. 

La ambición desmedida de estas empresas —que se jactan de ser "líderes en Centroamérica"— ha convertido el territorio en un campo de batalla donde el capital especulativo se enfrenta a la sobrevivencia misma de los ecosistemas locales.

Mientras las inmobiliarias Global Developers y Salazar Romero promocionan sus proyectos con eslóganes de "armonía con el medio ambiente", la realidad en el cantón Montegrande cuenta una historia diametralmente opuesta: más de diez manzanas de bosque ripario han sido arrasadas, sepultando bajo toneladas de concreto no solo árboles centenarios, sino también el patrimonio arqueológico de pueblos que habitaron estas tierras milenios antes de que llegaran los "desarrolladores".

La denuncia, presentada por la Seccional Monte Grande del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA), expone la cruda realidad detrás del megaproyecto residencial "Urbanización Biarritz": una colosal operación inmobiliaria que pretende ocupar más de 200 manzanas para instalar 6,900 unidades habitacionales. La ambición desmedida de estas empresas —que se jactan de ser "líderes en Centroamérica"— ha convertido el territorio en un campo de batalla donde el capital especulativo se enfrenta a la sobrevivencia misma de los ecosistemas locales.

El daño trasciende lo ambiental. Los yacimientos arqueológicos destruidos representan una pérdida irreparable para la historia de El Salvador. Son testimonios materiales de civilizaciones prehispánicas que, en su momento, también supieron habitar estas tierras con una relación sustentable con su entorno natural. La "modernidad" que prometen estas urbanizaciones de lujo resulta ser, en el fondo, un acto de violencia contra la memoria colectiva y la identidad nacional.

La pregunta que emerge es ineludible: ¿quién autoriza estos proyectos? ¿Cómo es posible que empresas con antecedentes de negligencia ambiental sigan obteniendo permisos para operar en zonas de alta sensibilidad ecológica y arqueológica? La respuesta, desgraciadamente, apunta a un patrón que se repite en toda Centroamérica: la connivencia entre poderes económicos e instituciones estatales que, lejos de proteger el bien común, facilitan la depredación del territorio.

Frente a esta voracidad inmobiliaria, MILPA se alza como una de las pocas voces que denuncian el ecocidio y el etnocidio que se consuman en Montegrande. Su lucha no es solo por la conservación de árboles o ruinas arqueológicas: es una defensa del derecho de los pueblos a existir en armonía con su entorno, una concepción de desarrollo radicalmente opuesta a la que promueven estas empresas.

La denuncia ante la comunidad internacional y las instancias nacionales es un paso necesario, pero insuficiente. Lo que Montegrande necesita es una intervención decisiva del Estado que detenga definitivamente estas obras, sancione ejemplarmente a los responsables y establezca mecanismos reales de protección para los territorios que aún conservan valor ecológico y cultural.

El caso de Montegrande no es una anomalía: es la expresión más cruda de un modelo de desarrollo que considera la naturaleza y el patrimonio cultural como obstáculos a eliminar en nombre del progreso. Mientras las inmobiliarias continúen operando con impunidad y mientras las instituciones ambientales sigan siendo cómplices por omisión o acción, episodios como el de la Urbanización Biarritz seguirán repitiéndose.

La verdadera pregunta es si El Salvador está dispuesto a seguir pagando el precio de un "desarrollo" que deja como saldo bosques destruidos, ríos contaminados, patrimonio enterrado y comunidades despojadas de su territorio. Porque al final, cuando el último árbol haya sido talado y el último yacimiento cubierto de cemento, no habrá ningún "Biarritz" que valga la pena habitar.

La mayor reserva de agua de San Miguel se encuentra en Monte Grande, es uno de los reservorios de agua màs grandes creado por el Volcán chaparrastique. El segundo reservorio está en donde fué el ex crematorio de la Col. Milagro de La Paz y el tercero en Agua Zarca.