9/6/2026 - El régimen de excepción en El Salvador, pieza central de la denominada "guerra contra las pandillas" promovida por el gobierno de Nayib Bukele, continúa generando fuertes cuestionamientos en materia de derechos humanos. En este contexto, ha tomado fuerza el colectivo "Madres por la Libertad", un grupo de mujeres que denuncian la incomunicación total y la incertidumbre en la que viven tras la detención de sus familiares.
Para estas madres, el mayor dolor no es solo la separación, sino la falta absoluta de información institucional. "El mayor temor de mi vida como madre es que mi hijo esté muerto y me estén diciendo que está vivo", manifestó entre lágrimas Natalia Funes, integrante del colectivo, reflejando el calvario que comparten cientos de familias en el país centroamericano.
Años de deambular sin respuestas
La falta de transparencia de las autoridades ha obligado a los familiares a organizarse para visibilizar su situación. Josefina Martínez, quien tiene a cinco de sus hijos y a un hermano detenidos bajo el amparo de esta medida legislativa, relató el desgaste emocional y físico que enfrentan desde hace años, deambulando de cárcel en cárcel sin obtener una sola respuesta sobre el paradero o el estado de salud de sus seres queridos.
"Ha sido muy duro. Ya cuatro años de no saber de mis hijos ni de mi hermano", lamentó Martínez.
Por su parte, María Eva Granadeño, otra de las madres afectadas, cuestionó duramente el sistema judicial vigente y defendió la inocencia de sus hijos: "Aquí no existe la justicia... si existiera la justicia, a mi hijos no se los hubieran llevado, porque ellos no pertenecían a ninguna mara".
¿Desapariciones forzadas a manos del Estado?
Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han encendido las alarmas, señalando que la falta de información oficial y la negativa del Estado a confirmar el bienestar de los reclusos podrían constituir delitos graves bajo el marco del derecho internacional.
Noah Bullock, director de la organización social Cristosal, explicó que estas prácticas entran en una categoría alarmante:
"Se constituyen, según las normativas internacionales de derechos humanos, en una desaparición forzada. Es decir, el delito cuando el Estado detiene a una persona y luego la familia no puede constatar su bienestar o su paradero".
La postura oficial y el reclamo de justicia
Aunque las comunidades reconocen históricamente el daño y el terror que las pandillas sembraron en los barrios más empobrecidos de El Salvador, las integrantes de "Madres por la Libertad" recalcan que ahora ellas también son víctimas, pero de los abusos del Estado. Las voceras del movimiento insisten en que su objetivo no es promover la impunidad, sino exigir procesos judiciales justos y transparentes que les permitan demostrar legalmente la inocencia de sus familiares.
No obstante, desde el inicio de la ofensiva contra el crimen organizado, el Ejecutivo salvadoreño ha restado validez a las denuncias de estos colectivos y de los activistas de derechos humanos, a quienes ha acusado de mantener presuntos vínculos o complicidad con las estructuras terroristas. Mientras el debate político continúa, cientos de madres salvadoreñas siguen sosteniendo carteles con fotografías, unidas bajo una misma consigna: saber si sus hijos están vivos o muertos.
