31/5/2026 - Las muertes de personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción en El Salvador continúan bajo el escrutinio de los organismos de derechos humanos. De acuerdo con los informes y el monitoreo permanente de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la cifra de decesos confirmados dentro de las cárceles salvadoreñas ha superado la alarmante barrera de los 530 casos documentados desde que se implementó la medida de seguridad en marzo de 2022.
El informe de la organización presentada hoy, detalla un patrón sistemático de desatención médica, desnutrición severa y, en casos específicos, signos de violencia física o tortura que contradicen las versiones oficiales de "muertes naturales".
Uno de los hallazgos más críticos del balance presentado por Socorro Jurídico Humanitario es la falta de antecedentes penales o vínculos delictivos en la mayor parte de las víctimas mortales.
Según las investigaciones y el cotejo de datos de la organización, solo el 6% de los fallecidos en prisión estaban perfilados o documentados formalmente como miembros activos de pandillas.
El 94% restante correspondía a trabajadores informales, agricultores, sindicalistas, jóvenes sin antecedentes y personas con enfermedades crónicas preexistentes que no recibieron sus tratamientos esenciales una vez capturadas.
El muro del silencio y la falta de información
Las familias de los detenidos enfrentan lo que las organizaciones califican como una "tortura administrativa". En muchos de los casos documentados, los parientes se enteraron del fallecimiento de su ser querido semanas después de ocurrido, o bien de manera accidental cuando acudieron a los centros penitenciarios a dejar los paquetes de insumos básicos.
La opacidad institucional y la reserva total de la información sobre las estadísticas carcelarias por parte de la Dirección General de Centros Penales dificultan un registro oficial exacto.
No obstante, las denuncias ciudadanas y el registro forense directo en las afueras de las morgues han permitido a SJH consolidar una base de datos con nombres, fechas y expedientes médicos que sustentan sus informes.
A nivel internacional, organizaciones como Humanitas, Cristosal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han reiterado que el Estado salvadoreño tiene la obligación jurídica y constitucional de garantizar la vida y la integridad física de toda persona bajo su custodia, independientemente de su situación jurídica. Mientras el régimen de excepción avanza en el tiempo, el informe de Socorro Jurídico permanece como un crudo recordatorio del costo humano subyacente detrás de las políticas de seguridad del país.
