10/6/2026 - La postal oficial que la Alcaldía de San Salvador Centro vende en sus redes sociales es impecable: calles de asfalto reluciente, fachadas coloniales desnudas de cables y plazas donde el turismo camina sin tropezar. Sin embargo, bajo el brillo de las luces LED y las escobas municipales que barrieron las últimas estructuras de la 1ª Calle Poniente, la Avenida España y las cercanías de la calle Arce, late una realidad de incertidumbre y asfixia económica para miles de familias salvadoreñas.
El ambicioso Plan de Revitalización del Centro Histórico, que ya supera el 90% de ejecución en sus fases más recientes de 2026, avanza a paso firme en su meta de "devolver la capital a los ciudadanos". Pero la pregunta obligada de corte crítico es: ¿a qué ciudadanos se refiere?
La paradoja del "retiro voluntario"
El discurso de la comuna capitalina insiste en que los desalojos —o "movilizaciones", usando el eufemismo oficial— son el resultado de meses de diálogo y consensos. No obstante, para los comerciantes por cuenta propia, la palabra "voluntario" tiene un matiz muy distinto cuando viene acompañada de un ultimátum impreso de 72 horas y la sombra del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
Las cuadras periféricas a La Placita y la plaza 14 de Julio se convirtieron recientemente en escenarios de remates desesperados. "Liquidación por motivo de desalojo", repetían las bocinas artesanales de quienes intentaban recuperar un porcentaje mínimo de su inversión antes de ver sus puestos desmontados. Detrás de cada estructura de metal desmantelada no solo hay láminas; hay décadas de arraigo social, redes de cuido informal entre vecinas de puesto y la única fuente de ingresos para familias enteras que se criaron en el pavimento de la capital.
Las grietas de las "alternativas" institucionales
La alcaldía ha puesto sobre la mesa una red de 32 mercados municipales (como el Hula Hula o el San Miguelito) como espacios dignos y seguros. Sin embargo, la transición de la calle al cubículo formal es un embudo burocrático y socioeconómico insalvable para muchos.
La alcaldía ha puesto sobre la mesa una red de 32 mercados municipales (como el Hula Hula o el San Miguelito) como espacios dignos y seguros. Sin embargo, la transición de la calle al cubículo formal es un embudo burocrático y socioeconómico insalvable para muchos vendedores salvadoreños.
El filtro administrativo: Para legalizar su traslado, los vendedores deben presentar solvencias municipales, Documento Único de Identidad (DUI) actualizado, solvencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y constancia de antecedentes penales.
Esta estricta regularización deja fuera a un sector vulnerable de la economía informal que acarrea deudas históricas con prestamistas locales o trabas burocráticas difíciles de subsanar. Además, quienes logran entrar al sistema formal se enfrentan a un problema comercial crónico: los nuevos mercados carecen del flujo peatonal natural que garantizaba la venta diaria en la acera. En la calle se vende al paso; en el mercado cerrado hay que esperar a un cliente que muchas veces prefiere no entrar por costos o distancias.
Un centro estético, una periferia precarizada
El ordenamiento de San Salvador ha desnudado una profunda contradicción urbana: se prioriza la estética de la ciudad para el consumo turístico y la inversión de capital privado, mientras se desplaza el problema de la pobreza y el subempleo hacia los márgenes de la capital o hacia la desocupación abierta. El fin del desorden en las calles no ha significado, bajo ninguna métrica integral, el fin de la necesidad que obligó a esa gente a tomarse la calle en primer lugar.
Mientras los últimos bloques del costado surponiente del Mercado Central se preparan para las próximas intervenciones, el balance crítico sigue pendiente. Limpiar el Centro Histórico de San Salvador ha resultado una tarea viable para el aparato estatal; limpiar las raíces de la exclusión económica que sostiene al comercio informal parece, en cambio, no estar en la agenda de la revitalización moderna.
